El fiscal defiende en la Audiencia que se investigue el accidente del Yak-42

El fiscal cambió de criterio. Pedro Rubira, fiscal de la Audiencia Nacional, que hasta ayer había mantenido que ese órgano no era competente para investigar las irregularidades cometidas en relación con el Yak-42, mantuvo ayer el criterio contrario. Modificó su punto de vista tras recibir del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, orden de que apoyara el recurso de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 contra el archivo de su denuncia. El ministro de Defensa, José Bono, aseguró ayer que ha habido irregularidades en torno al contrato y al seguro del vuelo.

Rubira, sin embargo, desgranó en la vista del recurso un rosario de obstáculos que deben de salvarse para que la Audiencia Nacional pueda investigar el caso. Porque hasta ahora, según dijo, no ha visto los documentos que demuestren la existencia de delitos y que éstos hayan sido cometidos en el extranjero, única circunstancia por la que el caso sería competencia de la Audiencia Nacional.

Rubira especuló con que las irregularidades no fueran constitutivas de delitos, por lo que no serían competencia de un órgano penal, sino quizá administrativo o civil. También señaló que habría que demostrar que los presuntos hechos delictivos se han cometido fuera de España, porque en caso contrario -como ocurrió con el caso Roldán-, la competencia sería del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Sobre los errores de identificación de los cadáveres, Rubira sostuvo que habrá que ver si son delito y si se fraguaron en el extranjero. Recordó que en Turquía se ha abierto una investigación penal para averiguar lo ocurrido, y agregó que si los hechos ocurrieron allí, aquella investigación es prioritaria.

Rubira, sin embargo, solicitó al tribunal que en el caso de que decida mantener el archivo de la denuncia recomiende al Gobierno una reforma legislativa para que como en países próximos, de los que citó a Francia, se recoja en el ordenamiento el principio de personalidad pasiva, para que pueda defenderse a las víctimas adecuadamente. Este principio permitiría a España perseguir cualquier delito cometido en cualquier lugar siempre que hubiera una víctima española.

El abogado de la asociación de familias, Eudaldo Vendrell, defendió la competencia de la Audiencia Nacional para investigar las denuncias sobre irregularidades administrativas presuntamente cometidas por el Ministerio de Defensa en la contratación del avión, el incumplimiento de normas de investigación de accidentes o las identificaciones erróneas de los cadáveres.

Vendrell sostuvo que hay generales y otros militares que incurrieron en delitos de falsedad en documento oficial y en prevaricación. Concluyó señalando que si la Audiencia decida no investigar el caso debe especificar cuál es el tribunal competente para hacerlo.

También intervino en la vistilla Víctor Hortal, autor de una querella también archivada, quien señaló que hay al menos cinco españoles imputados y que el plan de vuelo era falso.

El tribunal decidirá en unos 10 días si archiva definitivamente el caso u ordena a la juez reabrir la investigación.

Por otra parte, el ministro de Defensa insistió ayer en que "la identificación de los cadáveres se hizo tan mal como el seguimiento de un contrato [el del transporte de tropas] que pasó de mano en mano". Para ilustrar estas últimas irregularidades, Bono aseguró que la prima de la póliza de accidentes de la aeronave pasó de 75.000 dólares (60.401 euros) a 20.000 dólares (16.106 euros); "de esto nos hemos tenido que enterar porque hubo un accidente con víctimas mortales", se quejó el ministro.