El Gobierno catalán exhuma la primera de las 150 fosas de la Guerra Civil para establecer un protocolo

La Generalitat de Cataluña exhumó a finales del mes pasado una fosa de la Guerra Civil en la comarca de Osona con el objetivo de establecer un protocolo que sirva en el futuro para la apertura de fosas y fije el método de identificación de los cadáveres. En Cataluña hay localizadas 150 fosas comunes de la Guerra Civil que contienen los restos de entre 2 y 600 personas cada una. De estas 150 fosas, 125 están confirmadas y el resto son probables. El Gobierno catalán pretende tener realizado el protocolo a partir de principios del año próximo.

Para ello, el Instituto de Medicina Legal de Cataluña está preparando un informe sobre esta exhumación que se presentará en septiembre. Con esta primera exhumación el Gobierno se suma a las de otras comunidades como el País Vasco o Andalucía, que ya tienen un protocolo de actuación.

Con la exhumación de la fosa el Ejecutivo catalán cumplía la moción aprobada por el Parlament el 27 de marzo del año pasado, que instaba al Gobierno a elaborar un censo de desaparecidos durante el franquismo y a localizar y exhumar las fosas comunes.

El conseller en cap, Josep Bargalló, explicó ayer que la fosa común elegida para realizar esta prueba piloto fue abierta por un equipo de médicos forenses, antropólogos y arqueólogos. Este equipo encontró los restos de seis soldados republicanos y un civil, que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Cataluña para identificarlos mediante pruebas de ADN.

Bargalló agregó que la intención de la Generalitat "no es abrirlas todas", sino "disponer de un protocolo que aclare qué requisitos hay que cumplir para que las empresas privadas, municipios o universidades que lo soliciten obtengan el permiso para exhumar los cadáveres".

Por su parte, el secretario de coordinación interdepartamental, Apel.les Carod, dijo que "si no es necesario" no tienen intención de abrir ninguna fosa más. Entre los principales requisitos del protocolo, Carod señaló los intereses de los familiares de los desaparecidos.

El protocolo protegerá las fosas comunes, "como se hace con el patrimonio arqueológico, de manera que si hay que hacer obras en un zona donde hay restos humanos la empresa esté obligada a exhumar los cadáveres y realizar las pruebas pertinentes", aclaró Bargalló.