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Philip Morris pagará 1.000 millones a la UE para eludir los cargos de contrabando

La penalización, que pone fin a años de conflictos, es la más alta de las impuestas por Bruselas

La Comisión Europea y Philip Morris pusieron ayer fin a años de acusaciones y guerras judiciales por presunto contrabando de la tabaquera al pactar que el fabricante de marcas como Marlboro, Chesterfield o Merit pagará del orden de 1.250 millones de dólares (en torno a los 1.000 millones de euros) a la Comisión y a 10 países de la UE -entre ellos, España- a cambio de que Bruselas renuncie a los litigios abiertos. Es, aunque se haya evitado una sanción, la penalización más alta impuesta por la Comisión. El acuerdo fue presentado por la comisaria de Presupuesto, Michaele Schreyer, y el presidente de Philip Morris, André Calantzopoulos, y las viejas acusaciones se convirtieron en un armónico pacto para luchar al unísono contra el fraude.

El fraude por la falsificación del tabaco de marca en la UE supone que cada día se vendan un millón de cajetillas de tabaco que no es el que parece. Bruselas se lanzó a la guerra contra Philip Morris International (PMI) en 2001 tras detectar que en la Unión entraban muchos millones de cajetillas de tabaco por encima de los declarados oficialmente y sospechar que el fabricante era parte interesada en el negocio porque no podía ser que algo así ocurriera sin su aval.

La Comisión, apoyada por otros 10 países, entre ellos España, llevó el asunto a los tribunales de Nueva York, dado que PMI es filial de Altria, el gigante estadounidense del tabaco y la alimentación. El tribunal se desentendió del caso al año siguiente alegando que no era el ente que debía dirimir las disputas fiscales de Gobiernos extranjeros.

PMI, que negaba las acusaciones, y la Comisión optaron por resolver el conflicto de forma discreta y ayer anunciaron el resultado en una atmósfera versallesca. Schreyer pasó de puntillas sobre las acusaciones de antaño para centrarse en el futuro, en lo que contó con el decidido apoyo de Calantzopoulos. En el propio comunicado que daba cuenta del acuerdo había que llegar al final para saber que se trataba de poner "fin a todo litigio relativo al contrabando de cigarrillos".

Los 1.250 millones de dólares, en torno a 1.000 millones de euros, con que se clausura el diferendo fueron presentados poco menos que como una donación de Philip Morris a la futura lucha contra el fraude y no como la compensación debida por los perjuicios causados a los erarios públicos de la Unión por años de contrabando. La cantidad será liquidada por la tabaquera en 12 años, aunque la mitad se liberará en los tres primeros.

Fue tal el empeño en ocultar el carácter sancionador de la medida -la mayor penalización impuesta hasta la fecha por la Comisión, que dobla los 497 millones de euros con que se multó a Microsoft por abuso de posición dominante- que los negociadores del acuerdo por parte de la Comisión se quedaron sin palabras cuando se les pidió por enésima vez que explicaran la razón por la que tamaña cantidad de dinero iba a cambiar de mano. "Cada cual puede pensar lo que quiera del pasado. Pero este acuerdo es para pasar página y mirar al futuro", había dicho Calantzopoulos. El que se haya llegado a un acuerdo y que se pague por él no supone, según PMI, reconocimiento de culpabilidad ni de actuación irregular en el pasado. No obstante, Philip Morris se compromete a pagar en el futuro los impuestos especiales que correspondan a las labores que sean aprehendidas por los servicios aduaneros o de policía, y cantidades adicionales si se superan determinadas cotas.

La Comisión insistió en que "la buena noticia" del día estaba no en el montante récord de la compensación extraída a PMI sino en que a partir de ahora se va a poder luchar con más medios para garantizar que los europeos no sean víctimas de fraude, ni como consumidores de productos que no son lo que dicen ser ni como contribuyentes, porque el erario público recibirá las cantidades que legalmente deben liquidar las tabaqueras.

Los términos del reparto de los 1.000 millones de euros entre la Comisión y los 10 Estados (Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal) están por fijar. Los Estados tampoco están obligados a dedicar la cuota que les corresponda a la lucha contra el fraude. El dinero que vayan a recibir es descrito en el acuerdo como de "posible uso contra el contrabando y la falsificación".

Calantzopoulos aseguró que ya no hay contrabando de marcas genuinas de PMI en la UE y evaluó como falsificado entre el 1% y el 2% del tabaco de marca que se vende en la Unión Europea. La comisaria Schreyer aludió a que "la Comunidad Europea y los Estados miembros pierden cada año cientos, si no miles, de millones de euros por tabaco de contrabando y falsificado".

Satisfecha por el acuerdo, Schreyer subrayó que la Comisión, que tiene procedimientos abiertos contra R. J. Reynolds y contra Japan Tobacco por alegaciones semejantes a las de PMI, "está dispuesta a negociar con otros fabricantes".

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