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Las Cámaras congelan el estudio de obras paralizadas por el Gobierno

La iniciativa pretendía estimar las pérdidas para los valencianos

El Consejo Superior de Cámaras, reunido el pasado miércoles, acogió con tibieza la iniciativa de la Cámara de Valencia de elaborar un estudio sobre la repercusión económica para la Comunidad Valenciana de las "obras paralizadas" por el Gobierno central desde la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero. La tibieza responde, esencialmente, al elevado coste que tendría tal estudio.

Eloy Durá, presidente de la comisión de infraestructuras de la Cámara de Valencia, planteó en la última reunión plenaria de la institución la posibilidad de elaborar un estudio que estimara el coste que supone para los valencianos la paralización de las obras del trasvase del Ebro, la negativa del Gobierno a financiar el túnel submarino previsto para garantizar el acceso norte al tráfico rodado en el Puerto de Valencia, o los supuestos retrasos en la licitación de ciertos tramos del tren de alta velocidad entre Madrid y la Comunidad Valenciana.

La propuesta no fue debatida porque excedía el ámbito territorial que corresponde a la Cámara de Valencia. Varios empresarios presentes en la reunión plenaria expresaron en privado sus dudas sobre la conveniencia de elaborar semejante informe. Pero Arturo Virosque, presidente de la institución, asumió la responsabilidad de trasladar al Consejo Superior de Cámaras la propuesta de Eloy Durá.

Un comunicado oficial del Consejo Superior de Cámaras, difundido ayer, explica que "el Comité Ejecutivo del Consejo de Cámaras ha tenido en cuenta la propuesta traladada a esta institución, por parte del Pleno de Cámara Valencia, sobre la posibilidad de realizar un estudio sobre la repercusión que va a tener la realización de grandes infraestructuras en la Comunidad Valenciana".

La escasa precisión de la nota oficial tiene un correlato muy objetivo. Un portavoz oficial del Consejo de Cámaras explicó que los primeros sondeos entre técnicos y expertos capaces de elaborar un informe de tales características ha desvelado que el estudio tendría un coste en torno a los 100.000 euros.

El mismo portavoz explica que las facturas que pagan las Cámaras por los estudios que solicitan de forma recurrente no suelen rebasar en ningún caso los 10.000 euros, de modo que la factura excede con creces la disponibilidad económica de las instituciones camerales.

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La iniciativa del responsable de la comisión de infraestructuras se ha congelado por el momento. Sólo se desarrollará el estudio si fuera posible acceder a un informe solvente con un presupuesto ajustado.

La decisión del Consejo Superior de Cámaras coincide con la primera reunión de los responsables de las cinco cámaras valencianas con el nuevo delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, en Valencia.

La reunión fue muy cordial, según uno de los representantes de las Cámaras, quien aseguró apreciar gran receptividad en Bernabé respecto a los problemas generados por ciertas decisiones adoptadas por el Gobierno central, esencialmente la paralización del trasvase de aguas del Ebro.

El mismo portavoz celebró, por otra parte, la buena disposición del Gobierno hacia todas las obras necesarias para albergar la competición de la Copa del América en 2007 y para acelerar, en la medida de lo posible, un acceso ferroviario de alta velocidad entre Madrid y la Comunidad Valenciana que sea operativo para las mismas fechas.

Un portavoz de la Delegación del Gobierno, por su parte, aseguró que la reunión, de cortesía, permitió a Bernabé reiterar cada una de las decisiones adoptadas por el nuevo Ejecutivo y que afectan a la Comunidad Valenciana.

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