Esperando la cooperación local

En noviembre de 2002 pasé un par de días en el Cabo de Gata invitado por la Consejería de Gobernación, que tuvo la idea de juntar a un heterogéneo grupo de juristas para que le diéramos nuestra opinión sobre el anteproyecto de ley de Cooperación Territorial que ese departamento había preparado. Recuerdo con agrado esos días porque no sólo pude disfrutar del maravilloso paisaje del Parque Natural, con un risueño veranillo de los membrillos, sino porque me permitió encontrarme con algunos viejos amigos y conocer a otros, que sabían de verdad como funcionan las entidades locales, con lo que los dos o tres profesores que asistíamos al seminario, con unos conocimientos puramente teóricos de lo que dicen los textos legales, aprendimos muchísimo.

Como corresponde a un encuentro de este tipo, la veintena de personas que estudiamos el proyecto nos centramos en sus aspectos más discutibles, criticandolo con dureza; los que sabían yendo al fondo del asunto y los que no, centrándonos en nimiedades, como era el abstruso y burocrático nombre que le habían puesto: "Ley General de Entidades e Instrumentos para la Cooperación Territorial de Andalucía". Claro que la dureza, como casi todo, es algo relativo, de tal forma que cuando esta semana he leído las opiniones que sobre el anteproyecto tiene la actual consejera de Gobernación, me he dado cuenta de lo moderados y recatados que fuimos: el anteproyecto no le sirve y tiene que ser "reformulado" porque "una ley de cooperación territorial debe ser lo suficientemente honesta (sic) como para alejarse de acciones políticas puntuales"; y porque no acepta "que la cooperación territorial busque un interés político ajeno al de prestar servicios públicos más eficientes al ciudadano"; por eso, la nueva norma que propugna la consejera exige que sea redactada con "mucho sentido común y mucha honestidad política".

Supongo que los politólogos podrán desentrañar las causas de estas opiniones sobre un texto redactado por especialistas del mismo partido que la consejera. Desde el punto de vista jurídico, no salgo de mi asombro porque, salvo un lapsus de la memoria, ni el más acérrimo de los críticos que estuvimos en el Cabo de Gata -y doy fe de que el seminario casi derivó en una competición de agudeza técnica para ver quien encontraba más insuficiencias- acusó a sus autores de deshonestos, ni negó que su objetivo fuera el de mejorar la prestación de servicios públicos. Por el contrario, todos coincidimos en que era una buena base de partida para algo que está necesitando una reforma urgente y profunda: el enrevesado mundo local, que no deja de crear a diario nuevas formas de gestión con un muy escaso control democrático y cuya racionalidad técnica hace tiempo que nadie es capaz de argumentar.

Por mi cuenta y riesgo, añado ahora que, casi dos años después, la situación no deja de empeorar. Y como muestra, basten dos ejemplos recientes: la Diputación de Granada ha encargado un estudio universitario para saber cuantos entes supramunicipales actúan en la Vega de Granada porque le ha sido imposible averiguarlo por sus propios medios; por su parte, el Informe Especial de la Cámara de Cuentas sobre el Sector Público Local Andaluz, correspondiente al ejercicio 2001 (publicado anteayer en el Boletín Oficial del Parlamento) muestra una situación verdaderamente descorazonadora, que -para no perdernos en detalles- resumiré diciendo que aumenta el número de mancomunidades, empresas públicas y otras agrupaciones municipales de todo tipo, mientras que al mismo tiempo baja el número de las que cumplen con su obligación legal de rendir sus cuentas a la Cámara.

Por decirlo de forma categoría y un tanto esquemática: el mundo local cada día ofrece más burocracia y menos control, sin que la prestación de servicios que ofrece tenga muy contentos a los ciudadanos; justo lo contrario de lo que debe ser una red territorial moderna de Administraciones Públicas, regida por los principios de eficacia y transparencia. El Estatuto de Andalucía le atribuye a la Junta los instrumentos suficientes para poner orden en esa selva institucional. Se me escapan los motivos para que no lo haga con la decisión y energía que merece el problema, sobre todo porque el único que se me ocurre, el miedo a tocar una tupida red de intereses personales y de grupo, me parece completamente descartable. Aunque a lo mejor estoy buscando donde no hay nada y las razones son las que ha dado la Consejera. Pero, quizás por el recuerdo de aquellos días de otoño, no me convence ni la crítica que ha hecho del texto preparado por el anterior equipo de Gobernación, ni el argumento de que no tiene sentido aprobar una Ley de cooperación territorial antes de la reforma del Estatuto, razonamiento que llevaría a no presentar un solo proyectos de ley. Más bien tiendo a pensar que lo que sigue plenamente vigente es la ley (sociológica) de la cornucopia infinita: si una persona quiere encontrar argumentos para defender algo, los acabará encontrando, por muy disparatados que le parezcan al resto de los mortales.

Agustín Ruiz Robledo es profesor titular de Derecho Constitucional.