El PP tiene una deuda

El Partido Popular debe ofrecer una respuesta política clara y valiente a la abrumadora lista de errores, negligencias y ocultaciones en torno al accidente del Yak-42 que puso ayer de manifiesto el ministro de Defensa y que son responsabilidad del anterior Gobierno. El Ejecutivo de Aznar, que reclamaba el monopolio del patriotismo, manipuló las informaciones sobre la muerte de 62 militares españoles que regresaban de Afganistán, contribuyendo con ello a aumentar el sufrimiento de los familiares, y cabe pensar que, sin el cambio de Gobierno, buena parte de estos datos seguiría oculta o no confirmada. Aznar no puede dimitir ya de cargo político alguno. Al ministro de Defensa de la época, Federico Trillo, le corresponde asumir su responsabilidad en forma de renuncia a su escaño en el Congreso, y a Mariano Rajoy, hoy líder del PP y a la sazón vicepresidente del Gobierno, le corresponde dar una amplia explicación, especialmente a los familiares de los fallecidos y al estamento militar en su conjunto.

El informe presentado por Bono es contundente. Confirma algunos datos que ya se conocían sobre el accidente del avión ucranio y aporta otros nuevos sobre las advertencias previas respecto a la falta de fiabilidad de estos vuelos, advertencias que fueron ignoradas primero y ocultadas luego al Parlamento. El Gobierno del PP ignoró los consejos de los propios militares de tomarse el tiempo y los medios necesarios para la identificación de los cadáveres, que se hizo por parte española en tres horas y 25 minutos. La parte turca señaló que había 30 cadáveres sin identificar, pero las prisas políticas por llegar a tiempo al funeral en Torrejón (Madrid) llevaron a saltarse todas las reglas.

También se escondió que el plan de vuelo era equivocado y peligroso y que la misma tripulación, saltándose todas las normas, iba a volar durante más de 23 horas a los mandos de un avión con la caja negra estropeada, algo que ya se sabía al despegar de Ucrania. Ahora el Gobierno tomará las medidas necesarias para indemnizar a los familiares y proponer una ley que asegure la protección debida a unos militares crecientemente llamados a participar en operaciones de paz.

No parece necesaria una comisión parlamentaria de investigación sobre este accidente. Pero hay que depurar responsabilidades. Las posibles consecuencias judiciales seguirán su camino. En la cadena de mando, Bono propone dejar fuera del servicio activo a los generales directamente implicados en estas decisiones. Aunque Bono no lo reconociera, algo tuvo que ver la renovación de la cúpula militar con todo esto. Sólo falta ahora que los responsables del anterior Gobierno den el paso que se espera de ellos.