El Gobierno de Bagdad aprueba una ley de seguridad para combatir el terrorismo

El Gobierno iraquí anunció finalmente ayer la Ley de Seguridad Nacional, con la que espera poder combatir más eficazmente el terrorismo. Se trata de un instrumento legal que permite al primer ministro declarar el estado de excepción en las zonas en las que la violencia política ponga en peligro la autoridad del Estado. Consciente de la sensibilidad de los iraquíes al respecto, el primer ministro iraquí, Ayad Alaui, pidió ayer a sus ministros de Justicia y Derechos Humanos que presentaran conjuntamente la ley.

"Vamos a vigilar muy de cerca su aplicación para asegurarnos de que respeta los derechos humanos y las libertades públicas", aseguró el ministro de Derechos Humanos, Baktiar Amín. La medida preocupa a los observadores. "Las vidas de los iraquíes están en peligro; las ponen en peligro las fuerzas del mal, las bandas de terroristas", justificó Amín, durante su comparecencia ante la prensa. En su opinión, la ley resulta necesaria para combatir a los insurgentes que están "impidiendo que los funcionarios acudan a sus trabajos, que los trabajadores extranjeros vengan a ayudar a reconstruir Irak y, en general, intentando hacer descarrilar el proceso democrático y la convocatoria de elecciones generales".

"Somos conscientes de que esta ley puede restringir algunas libertades, por eso hemos incluido una serie de garantías que preserven los derechos de la gente", admitió por su parte el responsable de Justicia, Malik Dohan al Hasan. "Hemos tratado de salvaguardar la justicia y también los derechos humanos", subrayó antes de mostrar una lista con "29 nombres de combatientes extranjeros que han llevado a cabo ataques terroristas en Irak". Al Hasan, que la utilizó como prueba de la necesidad de la ley, no facilitó sus identidades aunque dijo que "lamentablemente son todos árabes". Éstas son las garantías recogidas en la ley:

- El Gobierno tiene que explicar las razones para declarar el estado de excepción y especificar la zona donde va aplicarse, así como hacer público su inicio y su duración. No podrá servir para retrasar elecciones.

- El periodo máximo por el que se puede decretar el estado de excepción es de 60 días, o antes si desaparece la causa que lo motiva. Su declaración debe revisarse a los 30 días.

- El Gobierno puede imponer toques de queda en las zonas golpeadas por la violencia, pero sólo en áreas limitadas.

- Tanto las detenciones como las intervenciones de bienes deberán presentarse ante el juez en el plazo máximo de 24 horas.

- En el caso del Kurdistán iraquí, las medidas extraordinarias sólo podrán ser aplicadas en coordinación con el Gobierno local.

A pesar de ello, la mayoría de los analistas consultados coinciden en señalar que con esta ley Alaui se ha atribuido poderes casi omnímodos. El primer ministro tiene derecho a designar gobernadores, militares o civiles, para que se ocupen de zonas concretas y, bajo sus órdenes, las fuerzas de seguridad podrán precintar zonas para su registro y detener a sospechosos, en especial a quienes se encuentren en posesión de armas.

"Lean la ley", sugirió el ministro de Justicia, "el primer ministro sólo puede declarar el estado de excepción con el acuerdo unánime del Gobierno y en zonas donde haya una amenaza inmediata o haya una campaña de violencia continuada". La presidencia también tendrá que dar su aprobación. Al Hasan insistió en las restricciones que impone la ley. "La más importante de todas es que el primer ministro debe actuar en todos los casos de acuerdo con una orden emitida por un juez, a menos que se trate de una emergencia". "Incluso él estará vigilado por el sistema judicial", subrayó.

Otra de las preocupaciones es la posible participación de la Fuerza Multinacional en la aplicación de la ley. "Sólo recurriremos a la intervención de tropas extranjeras cuando los terroristas desborden a las fuerzas iraquíes", aseguró Al Hasan. En su opinión, la Ley de Seguridad Nacional "no debiera ponerse en práctica mientras las fuerzas iraquíes no estén lo suficientemente capacitadas para ello". Un asesor militar del Ministerio de Defensa que acompañaba a los ministros se mostró "altamente confiado en la suficiente capacidad de las fuerzas locales para controlar la situación". El mayor problema deriva de que aún no están en pie los órganos que según la Ley Administrativa Transitoria deberían ejercer el control del Gobierno, como la Asamblea Nacional o el Tribunal Federal, que "tiene el derecho de anular las decisiones y procedimientos" extraordinarios. "Les aseguro que hay suficientes garantías", concluyó el ministro de Justicia ante las numerosas pegas suscitadas por los periodistas locales. "Ni el presidente Al Yauer ni el primer ministro Alaui son Sadam Husein", trató de tranquilizar, por su parte, el responsable de Derechos Humanos.