La UE mantiene la decisión de reclamar a España las subvenciones del 'caso del lino'

La Dirección General de Agricultura de la UE ha decidido, desestimando la conciliación presentada por el Gobierno español, mantener su propuesta de que se deniegue la financiación comunitaria a todas las ayudas percibidas por el sector del lino en España: 116,41 millones de euros en las campañas 1998-99 y 1999-2000. En las conclusiones del nuevo informe, ratificado el 28 de junio pasado, se indica que "las deficiencias observadas son tan graves que suponen un incumplimiento de todas las normas comunitarias, lo que hace que todos los pagos efectuados sean irregulares".

Varios altos cargos del PP estaban ligados al sector en el cultivo y en la industria

Entre 1993 y 1998, la superficie de lino pasó de casi cero a 100.000 hectáreas

Tras las reuniones de trabajo celebradas con nueva documentación aportada por las autoridades españolas a finales del pasado mes de diciembre y otras posteriores, la Dirección General de Agricultura ha decidido ahora ratificarse en su posición de que la concesión de ayudas en ese periodo no se hizo con arreglo a la normativa vigente. Para los redactores de este nuevo informe, las conclusiones vienen a ratificar las denuncias planteadas a finales de los años noventa sobre el descontrol del pago en las ayudas para el sector del lino.

En el desarrollo de este proceso de denuncias, por parte de las autoridades españolas, se había señalado a los responsables comunitarios que no habían tenido la oportunidad de defenderse correctamente en los dos últimos años para la liquidación de cuentas hasta el procedimiento de conciliación abierto en 2002. Frente a estas posiciones, los servicios de la Comisión insisten en no compartir estas críticas y consideran cuando menos extraño que las autoridades españolas hayan esperado hasta el último momento para facilitar una serie de datos que podían haber aportado con anterioridad. Bruselas recuerda en su informe que entre 1996 y 2001 las autoridades españolas fueron advertidas varias veces seriamente sobre el riesgo de que se estuviera produciendo un fraude en el sector. Y, aunque se reconoce que aumentaron los controles, se considera que los mismos fueron insuficientes.

El escándalo en las ayudas al sector del lino en España surgió en 1998, con el Gobierno del Partido Popular, como consecuencia de una denuncia de la Junta de Castilla-La Mancha. Para los responsables de esta comunidad autónoma, se estaba produciendo una grave situación de irregularidades con pagos de subvenciones a los agricultores por siembras que no se hacían, así como a las industrias por procesos de transformación ficticios en medio de la total indiferencia de los organismos de control del Estado, fundamentalmente a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Esta situación de grave descontrol hizo que el cultivo en España, con una ayuda media en aquel momento de 120.000 pesetas, dio lugar al aumento espectacular de las superficies, que pasaron de casi cero hectáreas en la campaña 1993/94 a más de 100.000 hectáreas en la campaña 1998/99, de las que la mayor parte se ubicaban en Castilla-La Mancha y en Castilla y León.

Junto con el aumento de las teóricas superficies de cultivo, al aire del negocio del lino surgieron igualmente una veintena de empresas transformadoras cuyo negocio comenzaba con la venta de semillas a un precio elevado a los agricultores y terminaba con el cobro de las ayudas por un proceso de transformación de una paja que en muchos casos figuraba solamente en los papeles. Las investigaciones llevadas a cabo pusieron de manifiesto que en muchas de esas plantas no coincidían los datos sobre producción y el consumo de energía con las ayudas percibidas, lo que confirmó la existencia de posibles fraudes.

El inicio de las denuncias sobre irregularidades desde Castilla-La Mancha se tradujo en un aumento de las investigaciones desarrolladas por los servicios de inspección comunitarios (OLAF), así como por unos mayores controles nacionales. Este mayor seguimiento del sector supuso una total caída de las superficies de siembra, mientras en algunas industrias se produjeron varios incendios que acabaron con la paja teóricamente almacenada, dando lugar al inicio de expedientes judiciales por la sospecha de que hubieran sido intencionados. El escándalo del lino afectó a varios personajes públicos ligados directamente al Partido Popular, entre quienes se hallaba la familia del presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca, con Loyola de Palacio como responsable de Agricultura con quien había desempeñado también el puesto de subsecretario.

Frente al escándalo de lino, Bruselas decidió en primer lugar aplicar una dura reforma para la regulación del sector aumentando todo tipo de controles sobre superficies de cultivo y las industrias. La medida más importante para reducir las siembras y acabar con el fraude fue rebajar la ayuda de una media de 720 euros a 240 euros hectárea, una cifra similar a la que se paga por los herbáceos.

En octubre de 2002, siguiendo el procedimiento de inspección abierto, la Comisión notificó al Ministerio de Agricultura una propuesta de liquidación de cuentas en el sector del lino para las campañas 1998/99 y 1999/ 2000 por la que se reclamaba la devolución de 99,2 millones de euros. Ante esta petición, España acudió al Órgano de Conciliación comunitario con el fin de discutir sus alegaciones.