La juez rechaza la imputación de Valiente, Armesto y Ramallo en el 'caso Gescartera'

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que ha llevado a cabo durante tres años la instrucción del caso Gescartera, notificó ayer a las partes personadas en la causa dos autos. En el primero de ellos concluye que se aprecian "indicios de delitos continuados de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento público", mientras que en el segundo rechaza la citación como imputados en la causa de los ex presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Juan Fernández Armesto y Pilar Valiente, y del ex vicepresidente Luis Ramallo, que fue solicitada por varias acusaciones particulares.

En dicha resolución, la magistrada también desestima la petición de esas mismas acusaciones de llamar a declarar como imputados al ex secretario de la CNMV Antonio Alonso Ureba; al ex subgobernador del Banco de España Miguel Martín Fernández; al ex consejero de la CNMV José Manuel Barberán, y a José María Roldán, que fue jefe de gabinete de Rodrigo Rato cuando éste era ministro de Economía.

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Las acusaciones -en concreto la agrupación de clientes de Gescartera, representada por el abogado Andrés Vilacoba; la Gestoría Montalvo, y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae)- señalaban que éstos debían ser imputados por delitos como la omisión del deber de los funcionarios públicos de perseguir delitos y receptación. Según informó Adicae, la juez desestima la petición de imputar a estas personas siguiendo "los criterios del Ministerio Fiscal".

Apropiación indebida

La juez también dio ayer por terminada la instrucción de la causa, concluye que se aprecian indicios de "delitos continuados de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil" y cifra en 50,1 millones de euros el dinero desaparecido, sin tener en cuenta otros 3 millones en pérdidas atribuidas a testaferros.

La magistrada da un plazo a las acusaciones para que se pronuncien sobre si consideran necesario algún nuevo testimonio y sobre si procede o no la apertura de juicio oral. En caso de que pida la apertura de juicio oral en un plazo total de 20 días la Fiscalía y las acusaciones particulares deberán formular escrito de acusación.

La instrucción del caso comenzó en julio de 2001. Un mes antes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia de valores tras detectarse la falsificación de unos membretes de Caja Madrid en certificados emitidos por Gescartera. El 17 de julio de aquel año ingresó en prisión el máximo accionista de esta sociedad y principal imputado en la causa, Antonio Camacho, que desde entonces sólo ha abandonado el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) para declarar en la Audiencia Nacional.

Adicae, que agrupa a 1.200 familias afectadas, ha anunciado que recurrirá contra ambos autos.

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