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La factura de los grandes proyectos emblemáticos asciende ya a 230 millones

El Consell enjuga otros 146 millones de euros de pérdidas de la Ciudad de las Artes

El Consell acordó el pasado viernes una inyección de capital en Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA (CACSA), de 67,3 millones de euros para afrontar "dividendos pasivos". A la inyección sucede una inmediata reducción de 145,8 millones de euros del capital destinada a lograr un reflejo fiel de la situación patrimonial de la empresa, lo que supone enjugar pérdidas por esa cantidad. La misma reunión plenaria del Consell acordó una operación similar en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) para enjugar otros 83,8 millones de pérdidas.

Centro de Ocio Mundo Ilusión se constituye como sociedad limitada

La factura de las dos grandes empresas públicas destinadas a la promoción de proyectos emblemáticos como Terra Mítica y el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia asciende ya a 229,6 millones de euros. La difusión de ambos acuerdos del Consell coincide con el final del plazo de los contribuyentes para presentar su declaración de la renta.

La lógica de las operaciones acordeón en las sociedades anónimas pasa por asumir las pérdidas de la entidad a través de una reducción del capital invertido inicialmente para reestablecer el equilibrio de poder en el seno de la empresa a través de una posterior ampliación.

El Consell, constituido el pasado viernes en junta general de accionistas de SPTCV y CACSA, ha actuado a la inversa. Primero ha inyectado fondos para cubrir pérdidas y luego ha reducido el capital para ajustarlo a la realidad patrimonial de ambas empresas.

Pero el orden de los factores no altera el producto. El real decreto legislativo que regula la actividad de las sociedades anónimas, del año 1989, establece que "la reducción de capital tendrá carácter obligatorio para la sociedad cuando las pérdidas hayan disminuido su haber por debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado su patrimonio".

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Las dos operaciones aprobadas el viernes estaban previstas desde que se elaboraron los presupuestos de la Generalitat para 2004. El capítulo 20 de Gastos Diversos estimaba dos aportaciones de capital de 42 millones para la SPTCV y 107 para CACSA. El Consell ha consumido la primera partida al completo. Pero apenas 30 millones de euros de la segunda, puesto que el acuerdo adoptado el viernes establece que el desembolso de los 37,3 millones restantes se producirá el próximo mes de octubre.

Lo que no estaba previsto en los presupuestos es que las aportaciones de capital fueran acompañadas de sendas reducciones. Tras las dos operaciones, el capital de la sociedad que canaliza la participación de la Generalitat en Terra Mítica asciende a 24,8 millones de euros, mientras que el capital de CACSA, acorde con los edificios que posee la empresa en el cauce del Turia, asciende a 204 millones de euros.

Ambas operaciones responden a un plan de saneamiento dirigido a ordenar la situación financiera de ambas empresas.Uno de los responsables de la elaboración de los presupuestos de 2004 señala que el equilibrio de las cuentas de Ràdio Televisió Valenciana constituyen el único asunto financiero de gravedad pendiente una vez equilibrados los balances de SPTCV y CACSA.

Muchas otras empresas públicas acumulan pérdidas o presentan balances en los que los fondos propios son negativos. Sus resultados negativos pesan sobre la deuda pública, pero en general, según la misma fuente, "están controladas".

El mismo pleno del Consell acordó, finalmente, establecer una nueva sociedad limitada denominada Centro de Ocio Mundo Ilusión, SL, con un capital social de 3.500 euros que se desgaja de la SPTCV, encargada de todos los proyectos temáticos que impulsa la Generalitat.

La decisión de constituir una sociedad limitada responde a razones de agilidad, según un técnico. Pero un profesor universitario señala que la gran virtud de la sociedad limitada es que puede adjudicar obras sin más exigencia que el contraste de ofertas.

La difusión de los acuerdos del Consell provocó la inmediata reacción de Joan Antoni Oltra, portavoz de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, quien puso en entredicho la operación aprobada en SPTCV. "Lo que habría que hacer ahora es replantearse la situación de la SPTCV y proceder a su disolución porque este organismo se ha convertido en la Sociedad de Pérdidas Terribles de la Comunidad Valenciana".

De la autonomía a la independencia

La operación de saneamiento acometida por el Consell para equilibrar los balances de las dos grandes empresas públicas encargadas de desarrollar proyectos emblemáticos como Terra Mítica o la Ciudad de las Artes y las Ciencias pone al descubierto el calibre de la factura que Francisco Camps encontró sobre la mesa de su despacho cuando asumió la presidencia de la Generalitat. "Hay que apartar la basura", comenta uno de los responsables de la operación.

La situación de CACSA, promotora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, era conocida. La empresa ha desbordado todas las previsiones presupuestarias. El proyecto socialista inicial fue congelado y posteriormente engrandecido con la dimensión artística que aporta el nuevo Palau, todavía en construcción, que ya ha consumido 164 millones de euros y todavía no está terminado.

Pero lo más grave de la factura que el presidente de la Generalitat Valenciana heredó de sus predecesores era la dimensión oculta de algunos problemas.

Uno de los máximos responsables de la elaboración de los presupuestos de 2004 explica que la situación real de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana escapaba al control, incluso, de la Consejería de Hacienda.

Sólo la reciente suspensión de pagos de Terra Mítica ha permitido aflorar las cuentas de la sociedad instrumental de la Generalitat para canalizar la participación pública en el complejo de ocio.

Tanto CACSA como SPTCV son sociedades anónimas y están, sujetas, por tanto, a una regulación relativamente estricta.

Otro caso es el de Ràdio Televisió Valenciana, un ente público que recibe aportaciones de capital directas de la Generalitat a través de los presupuestos que aprueban las Cortes.

La misma fuente asegura que la Consejería de Hacienda desconoce la situación financiera real de RTVV. "Es un ente autónomo, pero más parece autodeterminado, independiente, ajeno a la Comunidad Valenciana", dice.

Los únicos instrumentos que ha dispuesto Hacienda para controlar la deuda creciente de RTVV han sido los informes que el Instituto Valenciano de Finanzas elabora para las entidades de crédito que negocian posibles préstamos a las empresas públicas.

La factura heredada suma ya 230 millones de euros, pero aún falta asumir los cargos de la televisión pública.

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