Una iniciativa ciudadana obliga a crear 30.000 plazas de guardería

En Cataluña hay más de 200.000 niños menores de tres años y sólo 50.000 plazas de guardería. El Gobierno de CiU prometió en 1999 la creación de 30.000 plazas y cinco años más tarde se quedaron en menos de 10.000. Varios colectivos civiles han impulsado una iniciativa legislativa popular (ILP) para forzar una ley que obligue al Ejecutivo a crear dichas plazas en cuatro años. Ayer, por fin, el Parlament aprobó esta nueva normativa.

La historia de esta lucha se remonta a la pasada legislatura. En febrero de 1999, el Gobierno de Jordi Pujol, por boca del entonces consejero de Enseñanza, Xavier Fernández, de CiU, se comprometió a crear 30.000 nuevas plazas de guardería en un plazo de seis años. Carme-Laura Gil, la consejera convergente que sustituyó a Hernández, mantuvo en pie la promesa, pero el resultado fue magro: en 2001 las nuevas plazas no llegaban a 7.000. Ante esta situación, sindicatos, padres de alumnos, estudiantes, asociaciones de vecinos y colectivos de profesores, entre otros, decidieron no esperar y poner en marcha una iniciativa legislativa popular (ILP) para forzar al Gobierno a escuchar las demandas de la ciudadanía y obligarlo a cubrir esta urgente necesidad educativa y social. En febrero de 2002, el Movimiento Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE), miles de personas vinculadas al ámbito educativo y a asociaciones civiles, inició todos los trámites para llevar a buen puerto la ILP y empezó una recogida masiva de firmas. La ILP es un mecanismo de participación que da a los ciudadanos la posibilidad de activar la discusión y aprobación de una ley en el Parlament, y para ello es necesario recoger al menos 65.000 firmas en 90 días. El resultado fue que en septiembre del mismo año entregaron 100.000 firmas al Parlament para que por ley se obligara a la creación de plazas de guardería. Ahora, casi dos años después, la normativa es por fin una realidad: la Cámara aprobó ayer por unanimidad la nueva normativa.

En nombre de los promotores, Joan Coma, presidente de la federación de asociaciones de renovación pedagógica, expresó ayer su "satisfacción" por el "paso adelante que ha dado la educación en Cataluña con esta ley" y advirtió de que que la comisión promotora se mantendrá para hacer el "seguimiento" de la ILP.

Por su parte, la consejera de Educación, Marta Cid, expresó "el compromiso de la Generalitat con la ley" y destacó que la nueva normativa "incorpora a los niños de hasta tres años al sistema educativo".

Cid anunció que, de momento, la Generalitat destinará este año 21,7 millones de euros para crear 9.300 nuevas plazas públicas de guardería en Cataluña. El Departamento de Educación constató ayer que, de las 30.000 plazas prometidas por CiU, sólo están en funcionamiento 9.420.

Irene Rigau, diputada de CiU, aseguró por su parte que las plazas "ya acordadas por convenios con los ayuntamientos" cuando su partido estaba en el Gobierno ascendían a más de 16.000 en 2003.