La Cámara promueve un estudio para estimar el coste de las obras paralizadas por el Gobierno

La Cámara de Comercio de Valencia elevará al consejo superior de Cámaras, de ámbito autonómico, una propuesta para elaborar un estudio que estime el coste económico de las "obras paralizadas" por el Gobierno que afectan a la Comunidad Valenciana. Un portavoz oficial aludió al trasvase de agua del Ebro, el acceso Norte al Puerto de Valencia o los posibles retrasos que se registren en las obras del tren de alta velocidad que debe conectar Madrid con las tres capitales de la Comunidad Valenciana como decisiones lesivas para el empresariado valenciano.

Seis arquitectos aportarán ideas para adecuar la futura sede de la calle Jesús

Eloy Durá, responsable de la comisión de infraestructuras de la Cámara de Valencia, fue el promotor de la elaboración del estudio económico que debe establecer los perjuicios causados a la Comunidad Valenciana por algunas decisiones adoptadas por el Gobierno que presiden José Luis Rodríguez Zapatero. La iniciativa no se sometió a debate puesto que el ámbito territorial del informe desborda la dimensión provincial de la Cámara de Valencia. Arturo Virosque, presidente de la institución, se comprometió a trasladar la propuesta al Consejo Superior de Cámaras en su próxima reunión.

Varios miembros del pleno de la Cámara de Valencia deslizaron su escaso interés por el estudio, que consideraron extemporáneo, y alegaron que hay asuntos pendientes mucho más importantes e insistieron en apuntar a Eloy Durá como promotor de la propuesta a título particular. "Es como si las obras ya estuvieran en marcha", comentó incrédulo un miembro del pleno una vez concluida la reunión. Pero lo cierto es que la última palabra al respecto la tiene el Consejo Superior de Cámaras.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) presentó un extenso informe al pleno sobre el contenido de sus reuniones con los actuales responsables del Ministerio de Fomento. El pleno lamentó la renuncia expresa a la construcción de un túnel submarino para agilizar el tráfico en el acceso Norte del Puerto. Y aplaudió de forma unánime la propuesta formulada por Rafael del Moral, presidente de la APV, para financiar a costa del Puerto las obras de ampliación de sus instalaciones en Valencia. El propio Virosque expresó el máximo respaldo a la decisión del Puerto. "Se endeudarán, pero es necesario", comentó.

Un portavoz oficial apuntó que el Puerto de Barcelona acaba de recibir una inyección próxima a los tres millones de euros de parte del Gobierno. No recordó, sin embargo, que el Puerto de Valencia no había solicitado esa ayuda.

Más allá de los problemas derivados de cuestiones políticas, la Cámara de Valencia aprobó sus cuentas de 2003 con un superávit próximo a los cuatro millones de euros, un 15% superior al registrado en el ejercicio anterior.

Una nota oficial de la Cámara de Valencia subraya el esfuerzo en contención del gasto corriente de la institución y el aumento de los ingresos por prestación de servicios a los asociados.

Los fondos propios de la Cámara de Valencia alcanzaron al final de 2003 una cifra próxima a los 13,5 millones de euros que es la más alta en la historia de la institución y ha permitido comprar un edificio en la calle Jesús para albergar las nuevas instalaciones.

El pleno aprobó iniciar algunas obras menores para adecuar la futura sede e invitar a seis arquitectos a un concurso de ideas para establecer su diseño definitivo.

En paralelo, el pleno acordó iniciar los trámites para analizar las posibilidades de vender parte de una parcela que la Cámara de Valencia posee en el Parque Tecnológico de Paterna. Las servidumbres a las que están sometidas las propiedades del parque tecnológico y los problemas para segregar parcelas son complicados. Pero los fondos son necesarios para acometer las obras de adecuación de la nueva sede de la institución.

También hubo espacio para aprobar los estatutos de la nueva Corte de Arbitraje de Valencia, una instancia que pretende resolver los conflictos entre empresas en primera instancia al margen de los juzgados convencionales. Vicente Simó fue elegido presidente de la nueva corte arbitral.