El parque de la discordia
La tramitación del proyecto del jardín zoológico y de atracciones de Valencia enfrenta a socialistas y populares
Las excavadoras comenzarán próximamente a mover la tierra de la vieja cabecera del cauce del Turia para construir el nuevo jardín zoológico y de atracciones de Valencia. Arrancará así un proyecto, el Parque de Cabecera, sobre el que planean las denuncias del PSPV de supuestas irregularidades y favoritismos del equipo de gobierno del PP hacia Rain Forest Valencia, SL, que ganó por 50 años la concesión. La adjudicación y tramitación del expediente "es un traje hecho a la medida" de Rain Forest y le permite abrir un centro comercial no previsto, asegura la concejal socialista Carmina del Río. "La adjudicación es perfectamente legal", replica el teniente de alcalde, Alfonso Grau. En boca de ambos, la concesionaria, dirigida por José Maldonado, que afirma que abrirá "un magnífico zoológico y parque de atracciones".
El PSPV critica un centro comercial que para el PP es parte de un parque de ocio
Al concurso sólo se presentó Rain Forest, a la que se adjudicó el contrato el 22 de noviembre de 2001, con un coste de 38,03 millones de euros para abrir el zoológico o Bioparque (9,5 hectáreas), un parque de atracciones (5,5 hectáreas) y un aparcamiento de 1.000 plazas. A partir de ahí, el proyecto ha vivido una tortuosa tramitación, ha incrementado su inversión (a cargo de la empresa) hasta los 56 millones y suma un fuerte retraso sobre la primera fecha de apertura, en marzo de 2005. La zona verde reservada para trasladar el zoo de Viveros y dar espacio fijo a los feriantes -que no tendrán cabida, se quejan los socialistas-, sólo alberga ahora las obras del bosque fluvial del Ayuntamiento.
"Llevamos diseñando el parque dos años y medio 25 personas, y el resultado va a ser espectacular", sostiene Maldonado, que defiende que su empresa "se está arriesgando con un proyecto de alta calidad" y no le están "regalando nada". El responsable de Rain Forest Valencia apenas ha intervenido en la polémica. Fuentes conocedoras del proyecto consideran que la empresa se ha visto envuelta en "una guerra política" en la que el Ayuntamiento no habría arropado suficientemente su propia apuesta. "Un zoológico no se improvisa y me gustaría que se respondiera a la pregunta de quién lo puede hacer", afirma Maldonado. En su opinión, Rain Forest es "la única empresa en España" especializada en el diseño de un zoológico moderno y con capacidad de gestionar ese espacio, que da "condiciones óptimas para los animales" y recrea sus hábitats "con gran detalle".
Maldonado responde así a las dudas socialistas sobre la adjudicación, ya que el PP varió el pliego de condiciones original para que pudiera presentarse una empresa sin la calificación de contratista de obras. Rain Forest sólo cumplió entonces los requisitos, resalta el PSPV, que alega que la ley no permite a la firma subcontratar más del 50% de la obra.
Llama la atención del PSPV el hecho de que Rain Forest Valencia, SL, se inscribiera en el registro mercantil cinco días antes de la apertura de plicas del concurso, y que presentara certificados de Hacienda y la Seguridad Social de sus firmas madre, Rain Forest, SA, y Rain Forest Diseño, "lo que no se debería haber permitido". El PSPV también ha cuestionado la solvencia de la empresa, "objeto de una más que indulgente fiscalización" por parte del Consistorio, que corre a su juicio el peligro de perder el control sobre un suelo que es público. Destaca, además, que Rain Forest pagó con retraso la fianza por el contrato, presentó un aval a última hora y necesitó autorización para hipotecar la concesión a fin de lograr préstamos.
Maldonado explica que no todos los socios de Rain Forest, SA, participan en el proyecto de Valencia, por lo que se creó una nueva empresa que tiene "un capital social de 8,4 millones de euros". Añade que es una "práctica habitual" pedir avales o hipotecar la concesión. "También lo hemos hecho en nuestro zoo de Fuengirola y pagamos religiosamente", dice. Aunque no desvela quiénes son sus socios valencianos, fuentes del entorno de la firma indican que participan un constructor de Gandia y un empresario ligado al negocio de la comida rápida.
Del Río también denuncia que el PP ha despejado el camino para que la empresa no tenga que asumir el alto sobrecoste del desvío del colector norte, que pagará la Generalitat, y tampoco ve claro que el canon del 1% de los ingresos que percibirá el Ayuntamiento incluya los beneficios de la explotación del centro comercial. El PSPV sostiene que este centro comercial supera la edificabilidad del plan general, incumple el uso recreativo asignado a la zona y es ajeno al proyecto original, convertido así en un "parque de negocio" sobre suelo expropiado por "interés público". La zona comercial, contra la que recurrirá en los tribunales, ocupará 37.000 metros cuadrados y costará 17,8 del total de 56 millones de euros.
Grau rechaza cualquier incumplimiento y afirma que sólo habrá negocios habituales en un parque de ocio. Rain Forest, por contra, admite que la zona comercial ha crecido con la concreción del proyecto, y la ve necesaria como "polo de atracción hacia esa parte de la ciudad". "Queremos crear una zona de ocio integrada, con un conjunto basado en la naturaleza y su conocimiento", señala Maldonado. Su carta de presentación es el zoo de Fuengirola, que abrió en junio de 2001, y donde a la vista del visitante flamingos y cocodrilos comparten una misma playa en realidad separada por un cristal colocado bajo un puente, o los lemures se mezclan con antílopes en un mismo espacio. El diseño es "básico" para hacer "imperceptible" la separación de espectador y animales, rodeados de vegetación o rocas modeladas a semejanza de su entorno. "La gente verá trozos de naturaleza en los que intentamos que los animales actúen como en su entorno natural", dice Maldonado, que resalta su adscripción a los programas europeos de especies amenazadas, por los que Fuengirola alberga tres gorilas cedidos por el zoológico holandés de Rotterdam. El zoo ocupa una hectárea, mientras que en Valencia deberá hacer frente a 10 para reproducir los hábitats de Madagascar, el África ecuatorial y la sabana etiópica. El PSPV, sin objeciones importantes a este diseño, mantiene sus críticas a la tramitación del proyecto y rechaza la zona comercial.
Vuelve el museo de la FIFA
Valencia
Otro de los reproches de los socialistas es que el gobierno del PP ha permitido que Rain Forest no cubra toda la superficie del parque, ya que se reservan 36.731 metros cuadrados para ampliaciones del zoológico y el Museo de la FIFA, un proyecto que también nació con polémica y ha estado paralizado desde finales de 2002 hasta fechas recientes, cuando se han producido conversaciones entre la empresa y el secretario autonómico de Eventos y Proyectos, Luis Lobón, para tratar la posible ubicación en el Parque de Cabecera.
Tras conocerse el plan de abrir en Valencia el museo de la FIFA, el PSPV situó en el centro de los contactos entre la Generalitat y Rain Forest -a la que debía pedirse suelo del parque- a Juan Francisco García, ex jefe de gabinete de Eduardo Zaplana, y pidió que se aclararan sus compromisos con el proyecto. Rain Forest realizó un masterplan para el museo a requerimiento de la Generalitat, pero la financiación no llegó a concretarse. El museo de la FIFA vuelve a estar sobre la mesa en un momento en que se ultima el inicio de las obras del Parque de Cabecera.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Rafael Rubio, ha citado en varias ocasiones a García en relación con el museo y la concesión del parque a Rain Forest, así como la aprobación de un préstamo de 6,3 millones a la empresa por parte del Instituto Valenciano de Finanzas. El préstamo está avalado por bienes de los socios, subraya Rain Forest, cuyo responsable, José Maldonado, rechaza de plano que el hecho de conocer a García le haya favorecido para lograr una concesión que "sólo se da a una empresa que garantice" el proyecto.
Rain Forest, SA, también ha diseñado el parque Terra Natura de Benidorm, un decorado de Terra Mítica, y ha participado en un masterplan de la Ciudad de la Luz, descartado luego por la empresa pública, a la que la Sindicatura de Comptes reprocha haber abusado de los contratos sin concurso.
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