Narbona mantiene el aporte pactado del Tajo y anuncia el cierre de 20 pozos en el Segura

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se mostró ayer de acuerdo con las normas de gestión y el sistema de explotación del trasvase Tajo-Segura. "Con el agua de los embalses y los usos que se hacen de ese agua, no hay en absoluto la menor voluntad de cambiar esas reglas del juego", afirmó la ministra. Y puntualizó: "Hay una buena normativa de gestión".

El trasvase Tajo-Segura tiene su origen en un proyecto de obras hidráulicas de Lorenzo Pardo (1933) que pretendía acabar con el "desequilibrio hidrológico" del país, idea defendida por el ministro de obras públicas del momento (Indalecio Prieto) en la célebre Asamblea de Alicante. El proyecto fue retomado en la época de los planes de desarrollo franquistas (1966) y ejecutado entre esta fecha y 1979.

La planificación y ejecución del proyecto se realizó desde los despachos de los técnicos gubernamentales sin que la sociedad española tuviese posibilidad de intervenir en ningún tipo de debate. En 1971, según se explica en portal-agua.com, el Estado promulgó una ley conocida como de Aprovechamiento conjunto del Tajo-Segura en la que se establecía un caudal trasvasable de 600 hectómetros cúbicos en una primera fase y de 1.000 en una segunda. Igualmente se reguló que con los caudales trasvasados se cubriera el déficit de los regadíos legales existentes (oficialmente unas 90.000 hectáreas) y se ampliara la superficie en otras 51.000.

En los años ochenta estas cifras se cambiaron para crear unas 77.000 nuevas hectáreas, partiendo siempre de un trasvase anual de 600 hectómetros cúbicos de los que 110 eran para abastecimientos urbanos, 90 se perdían en el camino y los 400 restantes se asignaban a la agricultura. Nunca se han cumplido las previsiones. Sin embargo, desde que a medidados de los años sesenta se fue perfilando la previsión de que el trasvase se llevase a cabo, se inició una loca carrera por roturar y poner en regadío tierras al margen de su verdadero valor agronómico. Esto se hizo con la finalidad de acogerse a los nuevos caudales que, como oficialmente se decía, venían primero a socorrer a los regadíos deficitarios.

La cuenca del Segura ha incrementado de forma considerable su superficie regada con caudales que nunca llegaron, con lo que el déficit estructural de la cuenca se ha multiplicado. Todo este proceso lo han pagado la huerta tradicional del Segura, que se ha visto marginada, el río Segura que ha perdido la mayor parte de sus caudales para cederlos a los nuevos regantes, y los acuíferos de la cuenca que se han sobreexplotado hasta el agotamiento.

Para llevar a cabo una nueva política del agua, Narbona apuntó que son necesarias la reordenación de concesiones, ya que hay concesiones para usos agrícolas que se emplean en otros destinos o que ya no se utilizan. La ministra explicó que "ya ha habido concesiones que no se han renovado" y que "se han cerrado ya 20 pozos en la Confederación Hidrográfica del Segura".

En esta línea, expuso que "habrá un proceso de revisión y reordenación de concesiones del agua, a través, en un primer momento, de los centros de intercambio de derechos del agua para todas la cuencas españolas". Estos centros se crearán previsiblemente mediante un acuerdo en Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Posteriormente, se crearán bancos públicos de agua mediante una ley. La ministra anunció que se va a "liberar agua de regadíos interiores que en realidad no se están aprovechando, como en Villena o en el Altiplano de Murcia, que de esos acuíferos a través de los Canales del Taibilla llegan hasta la costa". Además, hay concesiones otorgadas "inicialmente para regadíos, y hoy día no se están utilizando para regadíos", según la ministra. "Existen aguatenientes, personas que de lo que sacan provecho es del derecho histórico al agua, o bien de la explotación ilegal de un pozo, y que esas aguas en realidad no se utilizan para regadío o entran dentro de un circuito de mercado negro, y que no se está haciendo un uso controlado por la Administración pública y tampoco un uso sostenible ni equitativo", denunció Narbona. "No vamos a sembrar de actuaciones el litoral sin saber si efectivamente hay necesidades de agua, cuáles son, quiénes son y dentro de qué regulación de los derechos existentes", concluyó.