Un aplazado pacto educativo que incluye a la red concertada

En su discurso de investidura no hubo más que una sola línea de referencia a su política educativa: continuar la senda de construcciones y reformas escolares, por otra parte iniciada -y nunca acabada- en el primer tramo del primer Gobierno del PP, en 1996, bajo la denominación de Mapa Escolar. Un año después, atascado y cuestionado el modelo de construcciones públicas Ciegsa (diseñado en 2000 por su predecesor Zaplana para remontar el retraso acumulado), el presidente Francisco Camps se acaba de lanzar a la búsqueda de un "pacto" con todos los agentes sociales, educativos y promotores para hacer de "la educación, un espacio de encuentro". Camps presentó el pasado 9 de junio, rodeado de todos los altos cargos y directores generales -muchos de ellos, colaboradores en su etapa de consejero- para anunciar un segundo plan de inversiones que, bajo la nueva marca de Crea Escola, se propone construir 43 nuevos en cuatro años. El paquete por 955 millones de euros contempla otras 230 actuaciones y reformas que incluyen la licitación de, al menos, unos ochenta centros pendientes del viejo Mapa Escolar que, ahora sí, se da por "cerrado".

El envite -que obliga a Camps a terminar lo pendiente de las dos anteriores legislaturas del PP y a cumplir con su nuevo proyecto- le obliga a buscar al menos tres vías de financiación ante el elevado nivel de endeudamiento de la Generalitat. Es decir, además de destinar en los próximos tres años el mayor aumento de presupuesto al capítulo de Educación, en detrimento del de Cultura; el Consell de Camps deberá negociar con el nuevo Ejecutivo socialista una autorización para incrementar su deuda, pero bajo la promesa de hacerlo para construir colegios. Y, mientras, buscar fórmulas creativas, o insólitas, como la anunciada venta del suelo municipal, que ocupa la céntrica Escuela Oficial de Idiomas de Valencia.

Aún así, apretarse el cinturón, no será suficiente. El Consell tiene que hacer frente año con año al elevado gasto fijo que le supone la escalada de conciertos educativos consumada tras ocho años de gobiernos del PP. Razón por la que el presidente está obligado a rentabilizar por igual las dos líneas educativas -la pública y la concertada-para poder atender, entre otros, al aumento de población escolar debido a la densidad de inmigrantes matriculados (que supera ya los 50.000 niños). Y una de las formas de lograrlo pasa por modificar el actual sistema de acceso a una plaza escolar, que ha reconocido ha dejado fuera de la red pública a la clase media, y hacer cumplir a las patronales el modelo de integración para evitar guetos.