Los incentivos a la vivienda protegida no frenan los precios

Tras dos legislaturas de Gobierno del PP en los que no hubo una política específica de vivienda, el Consell de Francisco Camps decidió abordar la cuestión como una de sus prioridades. El presidente de la Generalitat quiso visualizar ya en campaña su voluntad de facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre el colectivo de jóvenes, cuya salida del hogar paterno se ve retrasada por la dificultad de poder pagar el precio de mercado de un piso.

Los resultados, apenas transcurrido un año, son difíciles de cuantificar. El consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, ha puesto en marcha por primera vez en la última década una política clara de vivienda basada en dos ejes: un importante paquete legislativo destinado a incentivar la salida al mercado de viviendas más asequibles -y que está pendiente de discusión en las Cortes Valencianas- y un rosario de convenios con instituciones públicas y privadas para fomentar la construcción de pisos pequeños de precio reducido. Estas medidas han de permitir, según la promesa de Camps, la puesta en el mercado de 25.000 viviendas protegidas al año, de las cuales dos tercios han de ser de nueva construcción y el tercio restante procedente de rehabilitaciones. Según el consejero, tras un año de funcionamiento del nuevo Gobierno valenciano, el 30% de los objetivos fijados se ha conseguido.

Lo que no se ha logrado es frenar el precio de la vivienda. Según el último informe del Ministerio de Fomento, en el último año el incremento en la Comunidad Valenciana fue del 21,4%, casi cuatro puntos más que la media española y una de las autonomías que mayor incremento registró.