El Gobierno de CiU concedió 9 millones a las academias de Pallerols
Trabajo envía un informe a la juez que investiga la presunta financiación irregular de Unió
El Departamento de Trabajo ha remitido esta semana al juzgado que instruye el caso Pallerols la lista completa de los fondos que el Gobierno de Convergència i Unió (CiU) concedió entre 1994 y 1999 a centros de Fidel Pallerols, el empresario al que la Guardia Civil y la fiscalía acusan de financiar irregularmente a Unió Demo-cràtica (UDC). En la documentación, el actual Gobierno catalán los ha situado en 8,856 millones de euros (1.473 millones de pesetas), una cifra ligeramente superior a la calculada por la Guardia Civil y el Ejecutivo de CiU.
El Gobierno de Jordi Pujol calculó en su día que los centros que regentaba Pallerols habían recibido 8,39 millones de euros para cursos de formación de parados entre 1991 y 1999. El reciente informe de la Guardia Civil apunta una cifra similar -8,14 millones de euros-, pero subraya también que el empresario "entregó" aproximadamente el 10% de este dinero para la financiación irregular de Unió, acusación que el partido democristiano siempre ha negado.
Según el mecanismo descrito por la Guardia Civil, los centros de Pallerols recibían importantes sumas del Departamento de Trabajo, en aquel momento controlado por UDC, y posteriormente el empresario derivaba parte de los fondos hacia el partido democristiano: "Las aportaciones fueron recibidas en mobiliario, material informático, de oficina y nóminas para retribuir a personas que realmente trabajaban para el partido político UDC, en unos casos, y expedición de facturas que justificaban dichos pagos en otros, así como en entrega de dinero en efectivo", se escribe en el informe policial recientemente remitido a la juez instructora.
La lista entregada esta semana por la Generalitat, que con la llegada de la izquierda al Gobierno se ha personado como acusación particular, responde a un requerimiento de la juez. El informe detalla todos los fondos que fueron a parar a los distintos centros controlados por Fidel Pallerols entre 1994 y 1999, año en que estalló el escándalo, y ascienden a 8,856 millones.
En la documentación aportada al juzgado se incluyen los códigos de cada una de las subvenciones, el número de expediente de todas las ayudas y el total por año y por entidad. El Centre d'Estudis Informàtics i Formació, SA (CEIFSA), percibió más de la mitad del total: 4,733 millones de euros. Le sigue la empresa Assessorament i Nous Desenvolupaments Ocupacionals (AND), con 2,598 millones de euros. Finalmente, Tècniques Empresarials i Ocupacionals (TEO) obtuvo en el mismo periodo (1994-1999) 1,524 millones de euros.
Los centros de Fidel Pallerols recibieron un trato muy favorable del Departamento de Trabajo. De los datos de un informe de la Sindicatura de Cuentas elaborado en 2002, se desprende que sólo Seat obtuvo más recursos que el grupo Pallerols en subvenciones para formación ocupacional.
El informe de la sindicatura evitó analizar las empresas de este grupo -motivo por el cual el Parlament se negó a aprobarlo y lo retornó a la sindicatura, donde sigue, aún sin rehacerse-, pero sí detalla las aportaciones recibidas por las otras entidades que percibían fondos para la formación de parados, lo que permite la comparación.
El abogado que representa a la Generalitat, personada como acusación particular, pidió a finales de mayo que se cite a declarar como imputadas a cinco personas, entre ellas los diputados de Unió Josep Sánchez Llibre y Pere Grau, y a Enric Millo, Josep Gascón y Josep Maria Puig Vidal. Millo declaró la pasada semana.
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