La amenaza de los 'piqueteros'

Los piqueteros, grupos de choque nacidos en pueblos del sur y el norte del país a mediados de los años noventa, cuando la apertura indiscriminada de la economía y la liquidación de las empresas del Estado dejó a millones de personas sin empleo, han iniciado una escalada de acciones directas contra comercios y sedes de empresas argentinas y extranjeras. Los jueces recogen las denuncias penales de los empresarios y disponen medidas, pero la policía tiene orden de mantenerse a distancia y no reprimir.

La política tolerante del presidente Néstor Kirchner dividió a las organizaciones que representan a los desocupados entre "duros" y "blandos", según su cercanía o distancia con el Ejecutivo, pero no ha logrado reducir el nivel de tensión del conflicto social.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, admite que la situación es "delicada y habrá que convivir con ella porque la única solución de fondo es recuperar el empleo". El índice de desocupación se mantiene por encima del 20% y casi dos millones y medio de argentinos permanecen inscritos en los llamados planes trabajar, que se conceden a los hombres y mujeres cabezas de familia, que reciben un subsidio de 42 euros al mes.

El Gobierno concedió a los dirigentes piqueteros la administración de un 10% de esos programas y el Ministerio de Desarrollo Social contribuye con las cooperativas de trabajo que mantienen comedores comunitarios y financian planes de vivienda.

El ministro del Interior, Aní-bal Fernández, asegura que la política paciente del Ejecutivo "está dando resultado si la situación actual se compara con la del pasado año". Los grupos considerados "blandos" organizaron un acto del que participaron dos ministros del Ejecutivo. Uno de sus líderes, Luis d'Elía, de la Federación de Tierra y Vivienda, llamó a "defender el Gobierno en las calles y a tiros si es necesario".

Los "duros", vinculados a partidos de extrema izquierda, reclaman al Gobierno la distribución de más planes y la subida al doble de los subsidios. De esta forma, aumentan la presión sobre las empresas. En las últimas dos semanas han liberado el paso en estaciones de peaje de las autorrutas, han ocupado por horas locales de McDonald's y las taquillas de la estación central de trenes de cercanías, han atacado la sede de Repsol YPF, han extorsionado a directivos de Carrefour y mantenido bajo amenaza a ejecutivos de otras cadenas de hipermercados. Exigen bolsas de alimentos, bombonas de butano a mitad de precio, medicinas y dinero.

Los sondeos de opinión revelan que más del 70% de los ciudadanos están en desacuerdo con los métodos de los piqueteros. Las protestas y manifestaciones diversas -aglutinan entre 200, 500 o 3.000 personas, entre ellas mujeres con sus hijos pequeños y desocupados que avanzan protegidos por jóvenes con la cara cubierta por pasamontañas y están armados con palos- se centran en el Gran Buenos Aires y en la Capital Federal. Cada día se interrumpe por cinco o seis horas el tránsito en algún acceso o se impide el paso en puentes, avenidas y calles.

Contrarios a la represión

Pero la mayoría admite también que la represión sólo agravaría la situación. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, coincide: "Estamos de acuerdo con la política del Gobierno de no reprimir porque se podría producir alguna víctima, que es lo que parece que buscan los piqueteros".

Los grupos más radicalizados han recordado esta semana el asesinato a quemarropa de dos jóvenes militantes, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, después de que la policía dispersara con bombas de gases lacrimógenos a los activistas que intentaban tomar el puente Pueyrredón, uno de los accesos a la capital desde el sur.

El crimen, cometido hace dos años, fue negado en principio y revelado más tarde en detalle a la opinión pública por las fotografías tomadas por un reportero. Un comisario y otros dos policías permanecen en la cárcel mientras se desarrolla el proceso judicial.

Los incidentes fueron tan graves que el entonces presidente provisional, Eduardo Duhalde, designado por el Congreso para cumplir el mandato interrumpido tras la renuncia de Fernando de la Rúa, resolvió adelantar seis meses la convocatoria a las elecciones generales para calmar los ánimos.