Un edil de Getafe incita a 2.000 familias a retirar el dinero dado a una inmobiliaria

Unas 2.000 familias han adelantado 14.000 euros cada una a una gestora de cooperativas, Propietarios del Suelo de Getafe (PSG), para reservar un piso en los desarrollos de Los Molinos y de Cerro Buenavista, sin que la gestora tenga aún suelo adjudicado para levantar esas viviendas. PSG ha comprado el terreno donde se levantarán los futuros pisos, pero ese suelo va a ser expropiado, según el Ayuntamiento getafense, por un consorcio que lo sacará a concurso público para que las cooperativas o promotoras que ofrezcan mejores condiciones levanten allí los pisos.

El problema que se está creando en Getafe es el siguiente: antes de que el futuro consorcio público formado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe expropie los terrenos para edificar los pisos (el 80% de ellos de protección oficial), PSG ha comprado tierras a los propietarios a razón de 84 euros el metro cuadrado (el consorcio iba a ofrecerles 60 euros por metro).

A su vez, unas 2.000 familias han adelantado 14.000 euros cada una a PSG -unos 28 millones de euros en total-, y se han convertido así en propietarios de ese suelo, con lo que a la hora de expropiar, el Consistorio tendría que enfrentarse a las quejas de estas personas.

Pero el Ayuntamiento de Getafe, gobernado por PSOE e IU, ya ha advertido de que su postura es inamovible: piensa expropiar los terrenos para sacarlos después a concurso público. Por tanto, PSG podría obtener terrenos o no. "Ninguna cooperativa tiene actualmente suelo para construir viviendas. El suelo será adjudicado, una vez hecha la expropiación, a través de concurso público al que tendrán que presentarse las distintas cooperativas", señala, tajante, el concejal de Urbanismo, Santos Vázquez.

Engaños y mentiras

El edil de Empresas Públicas, Ignacio Sánchez, de IU, hizo las mismas advertencias en un reciente encuentro con periodistas: "Yo aconsejo a título personal, no como miembro de IU ni como concejal, que si yo fuera cooperativista y hubiera pagado para la compra del suelo, saldría ahora mismo corriendo a por mi dinero". Además, el gobierno municipal difundió y buzoneó por todo Getafe, el pasado mayo, un comunicado donde mostraba su "más enérgica repulsa e indignación con todos aquellos intermediarios que, disfrazados de honrados empresarios, están engañando y mintiendo a los vecinos a través de páginas compradas en los periódicos con el único objetivo de crear caos y confusión".

La nota terminaba diciendo que el Ayuntamiento reiteraba su compromiso de garantizar el derecho a una vivienda digna a los ciudadanos y de "no plegarse a los intereses económicos de particulares". A pesar de las advertencias municipales, y además de las 2.000 personas que ya han dado 14.000 euros a PSG, hay otras 1.400 familias en una lista de espera que "ya está cerrada", según informa uno de los agentes comerciales por teléfono. "Dentro de poco tendremos otras promociones en Leganés", apostilla.

Un portavoz de PSG aseguró que la gente que ha metido su dinero puede "estar tranquila". "No estamos especulando con el suelo ni haciendo nada ilegal. Cumplimos la ley. La expropiación tiene que tener un fin social: la construcción de pisos para jóvenes. Nosotros tenemos el mismo fin social que el Ayuntamiento. Varios informes jurídicos nos dan la razón. La expropiación podrá ser convenida [en vez de forzosa, como pretende el Ayuntamiento]; es decir, que a cambio de que nos expropien, nos paguen en edificabilidad", agregó. Si el Ayuntamiento accediese a esta petición, las personas que no estuviesen apuntadas a PSG y que perteneciesen a otras cooperativas resultarían perjudicadas.

La expropiación de los terrenos, donde se levantarán 10.000 viviendas, está pendiente de que termine el plazo de exposición del Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

Pero los cooperativistas de Los Molinos y Cerro Buenavista no son los únicos de Getafe que andan preocupados por el futuro de sus viviendas. Más de un millar de futuros vecinos del barrio del Bercial se manifestaron ayer para exigir la agilización de las obras de construcción de sus viviendas, por las que llevan pagando desde 1998. En este desarrollo urbanístico está previsto levantar 6.000 viviendas (la mitad de protección oficial). Los cooperativistas piden al Ayuntamiento que conceda licencias para simultanear las obras de urbanización de las parcelas (asfaltado, canalizaciones de agua y luz, etcétera) con la edificación de las viviendas.