"Bush delegó las torturas en Rumsfeld"

Scott Horton, 49 años, abogado, es miembro de la firma Patterson, Belkap, Webb and Tyler, de Nueva York. Conocido por haber llevado la defensa del científico disidente ruso Andrei Sajárov, Horton era en mayo de 2003 presidente del Comité de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Nueva York. En esas fechas, varios abogados militares en activo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos le llamaron para comentar un tema: la posible violación de tratados internacionales como la Convención de Ginebra para detenidos y prisioneros de guerra y el Convenio contra la Tortura, ambos firmados por EE UU, en Afganistán. Horton se interesó por el asunto y comenzó a hacer gestiones. Mientras tanto, el caso inicial se extendió a la situación en Irak. El 27 de mayo de 2004, un año después de sus primeros contactos, visitó a la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, junto con otros abogados de derechos humanos. "Nunca en mi vida profesional he visto en Washington un caso como el de las torturas, donde las pruebas comprometen directamente al presidente George W. Bush y al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld", sostiene Horton. "Aquí no hablamos de encubrimiento o falta de supervisión, sino de responsabilidad directa". De vacaciones en Europa, Horton, que ahora es presidente de la Comisión de Derecho Internacional en la Asociación de Abogados de Nueva York, concedió una amplia entrevista a EL PAIS. He aquí algunos tramos del diálogo:

"Los medios de comunicación jugaron un papel relevante en la preparación de la guerra"

Pregunta. Usted tuvo contacto con varios abogados de las Fuerzas Armadas hace ahora más de un año, ¿por qué fueron a verle?

Respuesta. Todo comenzó en mayo de 2003. Yo era presidente del Comité de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Nueva York. Varios abogados militares del departamento legal de las Fuerzas Armadas estaban muy preocupados por lo que llamaban el clima de ambigüedad legal en el cual se movían los altos cargos del Pentágono y del Departamento de Defensa respecto al tratamiento de prisioneros. Se referían a Afganistán y a Guantánamo. Me expusieron los datos. Intenté ponerme en contacto con el Pentágono y también nos dirigimos al fiscal general del Reino Unido, lord Goldsmith.

P. ¿A qué se referían los abogados militares con un clima de ambigüedad legal?

R. Dijeron que el subsecretario para Política del Departamento de Defensa, Douglas Feith, y el asesor legal del Departamento de Defensa, William J. Haynes II, habían tejido ese clima siguiendo indicaciones del secretario de Estado, Donald Rumsfeld. Por ejemplo, explicaron que se había dejado sin efecto el sistema de vigilancia para prevenir abusos y torturas de detenidos. Entre otras medidas, ese sistema prevé la observación rutinaria de los interrogatorios por un oficial del departamento legal que se sitúa detrás de un espejo transparente. También informaron que había un número sin precedentes de interrogadores destacados por contratistas privados. Les preocupaba porque, dijeron, éstos últimos estaban fuera del alcance del Código Uniforme de Justicia Militar.

P. ¿Qué hizo usted con esta información?

R. Lo primero fue escribir a William Haynes. No logramos nada y golpeamos la puerta del Senado. Nada serio. En el verano de 2003, lord Goldsmith hizo un viaje a Washington para hablar sobre estos temas con el Departamento de Defensa y el ministro de Justicia. Le preocupaba la situación de detenidos de nacionalidad británica en Guantánamo. Durante su visita, lord Goldsmith nos concedió una entrevista.

P. Mientras tanto, las prácticas de Afganistán y Guantánamo comenzaron a ser aplicadas en Irak ¿Por qué el caso de Abu Ghraib tardó en salir a la superficie?

R. Los medios de comunicación jugaron un papel relevante en la preparación de la guerra por parte de la Administración Bush. Todavía sobrevive en los medios el concepto de que EE UU está en guerra y que, por tanto, se debe ahorrar información que pueda afectar a la moral de las tropas en Irak. Un gran periódico norteamericano fue el primero que obtuvo las fotografías de Abu Ghraib, no la cadena de televisión CBS. Prefirió pues no asumir el liderazgo en la publicación de las fotos porque ello supondría, a su modo de ver, un golpe a la moral de los soldados norteamericanos y dar armas a los enemigos. Pero ahora, la veda se ha levantado.

P. La Casa Blanca ha desclasificado documentos sobre las torturas, ¿pretenden salvar la cara del presidente aún a costa de presentar a Rusmfeld como el malo de esta película?

R. El Partido Republicano bloqueó el jueves 17 la formación de una comisión de investigación y la Casa Blanca rechazó al principio entregar todo el material. Bush y sus asesores eran conscientes de que el asunto podía salpicarle en la campaña de las elecciones presidenciales. Porque Bush se presenta no sólo como un líder político. En todo acto invoca su fe religiosa y vincula sus acciones a la voluntad de Dios. Institucionalizar la tortura no podía ser, pues, aceptable. Ahora bien, la táctica de negar resultó inútil. ¿Por qué? Porque los abogados militares en el Pentágono estaban contra Rumsfeld. Y comenzaron a filtrar documentos, dictámenes y métodos de tortura aprobados por la Administración Bush. La filtración comenzó a ser un torrente. Por ello, la Casa Blanca ha cambiado de estrategia: desclasificar una serie de documentos. Entre ellos hay uno, de febrero de 2002, en el que el presidente Bush afirma estar de acuerdo con la idea de sus asesores legales, en el sentido de que él, dentro de sus atribuciones, puede suspender la aplicación de la Convención de Ginebra, pero se propone que los prisioneros deben ser tratados de forma humana.

P. Entre los documentos desclasificado no hay uno solo que se refiera, por ejemplo, a Irak, ¿por qué?

R. Eso es. Los abogados militares me dicen que es muy parcial. Bush, según todos los indicios de que disponemos, delegó su autoridad en Rumsfeld para llevar adelante el tema de las torturas en Irak.