EE UU sufre una derrota en la ONU al no lograr la inmunidad de sus tropas

Estados Unidos se vio obligado a retirar ayer la polémica propuesta de resolución por la que se prorrogaba la inmunidad de sus tropas desplegadas en misiones internacionales frente a los procesos por crímenes de guerra de la Corte Penal Internacional (CPI). Washington no contaba con los nueve votos necesarios para sacar adelante el texto. El escándalo de las torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib por parte de soldados estadounidenses incomodó a la mayoría de las delegaciones del Consejo de Seguridad. La retirada de la propuesta no afecta, sin embargo, a las tropas estadounidenses desplegadas en Irak, según explicaron fuentes diplomáticas, ya que ninguno de los dos países ha ratificado el estatuto de la CPI.

La declaración, la semana pasada, del secretario general de la ONU, Kofi Annan, poniendo en duda la validez jurídica de esta prórroga reforzó aún más en sus posiciones a los países opositores, entre ellos España. Para intentar romper el bloqueo, Estados Unidos presentó en la noche del martes ante el Consejo de Seguridad un nuevo texto de resolución para que se prorrogara un año, y no más, la inmunidad de su personal en misiones de paz autorizadas o bajo mandato de Naciones Unidas. Washington tenía prisa porque la extensión actual expira el 30 de junio.

EE UU insistió que necesitaba 12 meses más para poder cerrar una serie de acuerdos internacionales que le permitieran proteger a sus militares y civiles frente a los procesos de una institución penal que no reconoce. La fórmula de un año definitivo no convenció a las delegaciones. Entre los países que se planteaban la abstención estaban Alemania, Francia, China, España, Brasil, Chile, Benin y Rumania. Reino Unido, Argelia, Filipinas, Pakistán y Angola apoyan a EE UU. También Rusia, pero a partir de la imponente declaración de Annan empezó a mostrar dudas sobre la validez legal de la medida.

España reconoció el esfuerzo hecho por Estados Unidos para intentar conseguir el consenso de los Quince y preservar la unidad del Consejo. Pero el embajador Juan Antonio Yáñez dejó claro que existe "un firme compromiso del Gobierno español y del Parlamento con la CPI, con el Estatuto de Roma [origen de la Corte] y con la Carta de Naciones Unidas" y que la redacción del texto propuesta por Washington "no era la vía más adecuada para abordar el asunto".

El representante chileno recordó en este sentido que la resolución "ya fue polémica en el pasado" y añadió que debido al escándalo de las torturas a presos iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib, ese sentimiento de rechazo creció. Es el caso de China, que a través de su embajador en la ONU dijo que no podía "dar a través de esta resolución un cheque en blanco a Estados Unidos". "Era particularmente difícil para nosotros dar un voto favorable por el escándalo de los abusos", reiteró.

Ante este bloqueo, EE UU optó por "no someter" el texto a votación. La duda ahora está en saber qué pasará con su apoyo a las misiones amparadas por la ONU. El embajador adjunto estadounidense, James Cunningham, advirtió durante el debate que la cooperación futura de su país hacia estas operaciones "dependía de esta resolución". Una amenaza que obligó a echar la vista atrás hasta hace dos años, cuando Washington advirtió de que vetaría las misiones de la ONU.

"Seguimos rechazando que los ciudadanos de países no firmantes del Tratado de Roma puedan ser sometidos a la jurisdicción de la CPI", se limitó a decir Cunningham. El fin de la prórroga no afectará a la inmunidad de las tropas en Irak porque tanto el país ocupado como el ocupante no reconocen a la CPI. Pero sí podría tener consecuencias respecto a su posición en Afganistán y otras operaciones de paz. "Espero que no llegue a tener esas consecuencias", concluyó el embajador Yáñez.

Annan volvió a resaltar ayer la importancia de la CPI como una institución internacional creada para defender los derechos de los individuos y por eso hizo un llamamiento para que su sumen a ella el mayor número de países posibles. El estatuto de la Corte ha sido ratificado por 94 países. Pero la Administración Bush se niega a que esta institución tenga jurisdicción sobre sus nacionales para que sean juzgados por crímenes de guerra y teme que pueda ser utilizada con fines políticos contra ellos.