El Gobierno revisará 3.019 expedientes de inmigrantes que el PP rechazó en 2002

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha ordenado la revisión de oficio de 3.019 solicitudes de permisos de residencia y de trabajo de extranjeros que el Gobierno del PP se negó a admitir a trámite en 2002. El proceso se hace en cumplimiento de dos sentencias del Tribunal Supremo que han invalidado el acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de diciembre de 2001, en el que se dictaba la inadmisión a trámite de las solicitudes de inmigrantes presentadas al margen del contingente anual de trabajadores extranjeros.

Las dos sentencias, dictadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el pasado 6 de abril, estiman los recursos presentados por Comisiones Obreras (CC OO) y por la Unión General de Trabajadores (UGT) y anulan el punto 3 del apartado noveno del mencionado acuerdo, que señalaba:

"Las demás solicitudes de permisos de trabajo y residencia que puedan cubrirse a través del contingente anual (...) se tramitarán por este procedimiento (...), y por tanto serán inadmitidas a trámite si se formulan a través de un procedimiento distinto del regulado en el presente acuerdo".

Aquel acuerdo del Consejo de Ministros de Aznar supuso, en la práctica, el cierre del llamado régimen general, que era la única vía de regularización con que contaban los inmigrantes que se hallaban en España.

Lo que ha motivado su anulación no ha sido la denegación de ningún expediente, sino su "inadmisión a trámite", algo que es contrario a derecho. El Ejecutivo ha localizado los expedientes afectados tras efectuar un rastreo por todas las delegaciones del Gobierno.

Cuando la Administración se negó a admitir a trámite las 3.019 solicitudes tuvo que entregar a los inmigrantes un documento sellado en el que constaba su rechazo. Gracias a aquellos papeles han podido ser reunidas todas las demandas no admitidas.

Meses después de cursar la orden de inadmisión, el Gobierno de Aznar cayó en la cuenta de que ésta era ilegal y envió una circular para que las oficinas de extranjeros admitieran las solicitudes primero y luego las denegaran por sistema, lo cual sí es legal. Es por eso que el número de las revisadas ahora es relativamente reducido.

Al nuevo Ejecutivo socialista le cabían dos opciones para solucionar el problema: esperar a que los 3.019 afectados se presentaran en las delegaciones del Gobierno a medida que fueran conociendo la sentencia del Supremo o proceder a una revisión de oficio. La secretaria de Estado de Inmigración se ha decidido por la segunda opción, porque considera que es la menos gravosa tanto para la Administración como para los inmigrantes.

Es decir, que los afectados no deben acudir a las delegaciones del Gobierno, que ya están colapsadas por los 370.000 expedientes que el Ejecutivo del PP dejó sin resolver, sino que han de esperar a recibir la resolución en los domicilios que facilitaron en sus solicitudes.

La Secretaría de Estado de Inmigración ha remitido su decisión al Congreso de los Diputados, en respuesta a una pregunta realizada por el diputado de CiU Carles Campuzano.