CEAR pide al nuevo Ejecutivo que acabe con la discriminación política en las concesiones de asilo

La presidenta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Delia Blanco, hizo ayer una llamada de atención al nuevo Ejecutivo para que cambie "con decisión" el rumbo de la política hacia los refugiados y para que éstos no sean discriminados por motivos políticos. Blanco hizo estas declaraciones durante el acto de presentación del informe anual de su organización.

La prioridad de la ONG es provocar un cambio radical en la Oficina de Atención al Refugiado (OAR), que durante los años de Gobierno del PP "ha vulnerado la ley sistemáticamente", y conseguir que la Administración tenga claro "que no es nadie para vetar a las personas que vienen de ciertos países. Porque eso es lo que se está haciendo por ejemplo con Nigeria", un país del cual procede el mayor número de los peticionarios de asilo: 1.685 en 2003.

En su denuncia, los responsables de la ONG también pusieron como ejemplo de doble rasero el cambio de actitud del Gobierno con respecto a los iraquíes: "Hasta que España se alineó con Estados Unidos en la guerra de Irak, la Administración rechazaba de manera sistemática las solicitudes de asilo de los ciudadanos de ese país. Después, llegó a aceptar solicitudes paralizadas durante varios años en tan sólo unas horas".

Blanco, que destaca la buena sintonía de CEAR con el nuevo Gobierno, asegura que en los últimos años ha habido "un claro y contundente menoscabo de los derechos de los refugiados", y aboga por comenzar a trabajar "con decisión y rapidez, como ya hemos empezado a hacer. Recientemente hemos mantenido una reunión con representantes del Ejecutivo".

En su informe anual CEAR recoge los datos más relevantes del año 2003. Según este documento, que avanzó ayer EL PAÍS, de todas las peticiones de asilo tramitadas en ese año, 6.345, fueron atendidas por el Gobierno 369. Es decir, sólo el 5,8% de aquellos que solicitaron protección tras huir de su país por motivos políticos o humanitarios fueron acogidos en España. Un porcentaje nimio en comparación con la mayoría de los países vecinos.

Blanco insistió en denunciar la práctica, por parte de los Gobiernos de José María Aznar, de políticas disuasorias, y la utilización de las reformas de la Ley de Extranjería para frenar también la concesión de documentos de asilo y refugio. "La derecha nunca ha tenido sensibilidad por estos temas porque nunca ha tenido que salir de España, como sí hizo la izquierda. España ha sido un emisor de refugiados durante mucho tiempo, y eso suma o resta sensibilidad en estas políticas", aseguró.

El secretario general de la organización, Enrique Santiago, hizo hincapié en mantener la Ley de Asilo tal como hasta ahora: "No es un problema de la ley, el tema está en cómo se aplica esa ley y cómo se van poniendo obstáculos para la acogida de estas personas".