El Gobierno acuerda oficialmente actuar contra el chalet de Ardanza

El Gobierno vasco ha decidido oficialmente llevar a los tribunales las irregularidades urbanísticas del chalet del ex lehendakari José Antonio Ardanza, actual presidente de Euskaltel, en la ría de Mundaka. El acuerdo se tomó en un Consejo de Gobierno hace casi dos meses, pero no fue difundido. El asunto está ahora en manos de los servicios jurídicos del Ejecutivo, que tienen de plazo hasta agosto para presentar la denuncia en los juzgados de lo Contencioso. Un grupo ecologista tiene planteada una demanda en la misma instancia desde finales del pasado año.

La actuación del Ejecutivo, singular al estar involucrado el anterior lehendakari, se dirige contra el Ayuntamiento de Gauteguiz de Arteaga, el municipio vizcaíno donde se ubica el chalet, cuya construcción concluyó hace dos años. En el Consejo de Gobierno del pasado 27 de abril, se aprobó realizar un requerimiento al consistorio para que adoptase medidas contra las irregularidades urbanísticas detectadas en el inmueble y, en caso de que no actuase, se autorizaba a los servicios jurídicos a interponer un recurso contencioso-administrativo.

El Gobierno rechaza de esta manera la inhibición del Ayuntamiento que, tras dos años de polémica, ha concluido que la competencia para actuar contra las irregularidades corresponde al Ejecutivo. Argumenta que las irregularidades confirmadas van contra la ley de Protección de la Reserva Natural de Urdaibai, donde se ubica el chalet, y no la municipal. El Departamento de Medio Ambiente sostiene, en cambio, que la corrección de infracciones de carácter urbanístico es competencia del municipio y corresponde a éste actuar.

Varios informes, entre ellos los elaborados por técnicos municipales, han constatado que en la rehabilitación por Ardanza de un caserón preexistente se cometieron seis ilegalidades, entre ellas la construcción de dos plantas no previstas en el proyecto, la superación en 1,20 metros de la altura autorizada y la inclusión de una piscina.

Un 38% más construido

Además el Patronato de Urdaibai, órgano que gestiona la reserva, constató un aumento de un 38,6% en la superficie construida: los 634 metros cuadrados del proyecto original aprobado se han incrementado hasta 879, con lo que una vivienda que era bifamiliar es de hecho trifamiliar. Pese a que estas anomalías quedaron confirmadas en septiembre de 2002, poco después de que Ardanza dispusiera ya del chalet, aún no se ha adoptado ninguna medida.

El Ayuntamiento, a través de su alcaldesa, la peneuvista Arantza Madariaga, encargó otro informe que, tras demorarse más de un año, confirmó las irregularidades más importantes. Sin embargo, concluía que la competencia para actuar no era del consistorio. La Diputación de Vizcaya ha variado su postura. Cuando se aprobó el informe del Patronato de 2002, votó en contra, junto a la alcaldesa de Arteaga, y afirmó que las irregularidades, "en el caso de que sean infracciones, no son graves". Hace ocho meses aseguró ante las Junta Generales que su posición es que se "cumpla la ley y se haga cumplir la ley".

Los servicios jurídicos del Gobierno, que dependen de la Vicepresidencia, han recibido el encargo para presentar el recurso judicial. Se espera tramitar en agosto, cuando concluye el plazo legal, señalaron fuentes oficiales. El consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, ya exigió en diciembre pasado que se incoe un expediente sancionador a la sociedad creada por Ardanza para promover la vivienda. En una respuesta parlamentaria, se refirió a los requerimientos realizado al Ayuntamiento de Gauteguiz de Arteaga para que "resolviera sobre la licencia" de obras del chalet y censuró la "pasividad del Ayuntamiento en la aplicación de la disciplina urbanística".

El Taller de Ecología de Gernika, el grupo que realizó las primeras denuncias sobre la construcción del inmueble, tiene presentada desde finales del pasado año una demanda en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior contra el Ayuntamiento, al que acusa de pretender "dejar que pase el tema para que quede en el olvido o legalmente no se pueda actuar". Este colectivo ha recordado que la ley que se incumple, la de protección de Urdaibai, fue firmada por el propio Ardanza cuando era lehendakari.

La defensa del Consistorio de Gauteguiz de Arteaga, que en un principio había reclamado a los ecologistas una fianza por responsabilidad civil por este caso, retiró la petición en la última comparecencia ante el Juzgado número 4 de lo Contencioso Administrativo que tramita la demanda.