Los afectados por el retraso de los pisos de los nuevos barrios anuncian protestas

Las plataformas de afectados de los programas de actuación urbanística (PAU) de Carabanchel, Vallecas y sureste anunciaron ayer que "se avecina un otoño caliente y un invierno al rojo vivo" si las administraciones regional y municipal no solucionan los retrasos, en la mayoría de los casos de más de tres años, en la entrega de las casi 75.000 viviendas de los PAU con capacidad para más de 200.000 personas. Los afectados achacan el retraso a las políticas que "han impulsado la subida especulativa de los precios al poner en manos de promotores privados el crecimiento urbanístico".

La primera movilización, anunciada ayer por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y los portavoces de las plataformas de afectados de los PAU, está convocada para las 12.00 del próximo domingo. Una manifestación, cuyo lema será Derecho a techo, stop especulación, recorrerá la calle Mayor, desde la plaza de la Villa hasta la Puerta del Sol, para protestar contra el "inaccesible privilegio" para acceder a una vivienda. Esto es consecuencia, según los convocantes, de la actuación del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad, ya que "se ha puesto a la zorra al cuidado de las gallinas" al dejar que sean los promotores privados los que gestionen el crecimiento urbanístico de Madrid. "Es mucho más rentable especular con el suelo que construir pisos", afirma Francisco Ocaño, portavoz de la FRAVM, por lo que los promotores de los PAU deciden retrasar las obras "para esperar a una nueva subida de precios con plena impunidad", asegura.

Fechas imposibles

A este problema se suma que las promotoras estuvieron vendiendo los pisos con la promesa de unas fechas de entrega "imposibles", según las plataformas de afectados, por lo que también demandan que las administraciones actúen contra estas "estafas". Ello ha provocado que los futuros vecinos de los PAU lleven, en algunos casos, más de siete años esperando a que les entreguen sus viviendas, muchos de ellos sufriendo situaciones precarias.

Es el caso del PAU de Carabanchel, cuyos pisos ya deberían estar terminados desde diciembre de 2002. El Ayuntamiento otorgó hace una semana las primeras licencias de primera ocupación para 500 viviendas, de un total de 11.350, pero se trata sólo de viviendas de precio libre. Las obras de los pisos de protección oficial -cuyo coste se establece en módulos decididos por la Comunidad- están paralizadas ya que, según la plataforma PAU de Carabanchel, el presidente de la Junta de Compensación, Manuel Dapena, "está esperando a poder aplicar el último módulo para cobrar más". Por el momento, el precio de los pisos protegidos del PAU ha subido un 25% con respecto al precio inicial, asegura la plataforma.

La situación también es delicada en el PAU del Ensanche de Vallecas, con 26.000 viviendas proyectadas para unas 100.000 personas. Allí, donde "ni siquiera han comenzado las obras", denuncia el portavoz de su plataforma, la promotora estuvo vendiendo pisos desde finales de los años noventa mientras prometía las fechas de entrega para 2002. El entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, "avaló estas fechas hablando incluso de las primeras entregas para 2001", según la plataforma.

Hasta ahora sólo se han concedido licencias de obra para 242 viviendas, lentitud que la plataforma achaca a la "falta de personal" de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Un problema que también afecta a los nuevos barrios del sureste de la capital (Cañaveral, Ahijones, Berrocales y los Cerros), "que ni siquiera se ha puesto en marcha", según denuncia su portavoz. "Es un grave contraste con la rapidez con la que se ha concedido la licencia de la nueva Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas", cerca del futuro PAU, asegura.

Todas las plataformas coinciden en la falta de equipamientos previstos por el Ayuntamiento. "Si al final podemos vivir en nuestros pisos, nos encontraremos que no hay colegios, ni centros de salud, ni nada", afirma el portavoz del PAU de Vallecas. "No somos ciudadanos de segunda, pagamos impuestos y exigimos nuestros derechos", añade.