El Senado redactará un informe previo a la reforma constitucional

El Gobierno recuperará los trabajos de la Cámara que Aznar suspendió

Madrid - 18 jun 2004 - 00:00CEST

La vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega avanzó ayer en el Senado lo que denominó "hoja de ruta" de la reforma constitucional. Anunció que el Gobierno reclamará al Senado un dictamen sobre los trabajos de su reforma realizados en anteriores legislaturas. El Ejecutivo tendrá en cuenta ese dictamen cuando pida al Consejo de Estado que elabore el informe definitivo sobre la reforma constitucional.

Fernández de la Vega estableció en una comparecencia el plazo del último cuatrimestre de este año para que el Senado presente el dictamen sobre los trabajos que, sobre su eventual reforma, se han desarrollado en pasadas legislaturas. La ponencia de reforma constitucional se constituyó en el Senado en noviembre de 1996 y suspendió definitivamente sus trabajos, sin finalizarlos, en marzo de 1998 por decisión del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.

Además de recuperar estos trabajos, Fernández de la Vega anunció que el Consejo de Ministros aprobará en julio la reforma del Centro de Estudios Constitucionales (CESCO), que preside el historiador José Alvarez Junco, para acordar su adscripción funcional al Consejo de Estado, que preside el constitucionalista Francisco Rubio Llorente. El CESCO auxiliará al Consejo de Estado en la elaboración del informe que servirá de base de la reforma constitucional. El Consejo de Estado publicará su dictamen sobre las bases de la reforma constitucional dentro de un año.

Sucesión de la Corona

Ayer, la vicepresidenta primera reiteró que dicha reforma se ceñía a los cuatro puntos anunciados por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura: reforma del Senado; evitar la discriminación de la mujer en la sucesión de la Corona; introducir los 17 nombres de las comunidades autónomas en la Constitución y hacer una referencia en la misma a la Constitución Europea.

La ponencia de reforma, constituida en el Senado en 1996, con participación de todos los grupos parlamentarios, alcanzó, según un informe que la propia Cámara publicó a los tres meses de que Aznar clausurara la ponencia, "un alto consenso sobre las funciones" que debía tener el futuro Senado convertido en Cámara territorial. El informe constataba también una "discrepancia controlada y aparentemente superable en cuanto a la composición (del Senado y la forma de elección de los senadores)" y "un nivel de discrepancia o no acuerdo manifiestamente más alto en lo que se refiere a los hechos diferenciales".

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El informe precisaba que había unanimidad en que la reforma constitucional se centrara exclusivamente en el Título III de la norma fundamental, referente a las relaciones entre el Congreso y el Senado. Entre las funciones en las que el Senado sería cámara de primera lectura y sería prevalente sobre el Congreso figuraban las leyes autonómicas como la de reforma de los estatutos de autonomía o la del Fondo de Compensación Interterritorial

Sustituciones por larga ausencia

La vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer en el Senado que el Ejecutivo apoyará que la próxima reforma del Reglamento del Congreso permita la sustitución de los parlamentarios y parlamentarias en caso de ausencias prolongadas derivadas de enfermedad, paternidad o maternidad, tanto en el Congreso como en el Senado. Esta medida pertenece al paquete de propuestas de mejora de la calidad democrática que el Gobierno quiere abordar esta legislatura.

Fernández de la Vega anunció también la reactivación del Pacto Antitransfuguismo, del que aseguró que será convocado próximamente. El PSOE acaba de denunciar un nuevo caso de transfuguismo, en el Ayuntamiento de Haro (La Rioja), donde un concejal del Partido Riojano, del que ha sido expulsado, apoyó ayer una moción de censura del PP para desbancar a la alcaldesa socialista de la localidad. La moción salió adelante con el apoyo del citado edil y el PP gobierna en Haro desde ayer.

El Pacto Antitransfuguismo propone normas como la limitación de las mociones de censura, en casos de transfuguismo, y en todo lo referido a la titularidad de la representación y del escaño, recordó ayer Fernández de la Vega.

La vicepresidenta primera también anunció que ha dado instrucciones para que el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) entregue al Parlamento, "no sólo los avances de resultados de cada uno de los trabajos sociológicos sino también el resto de datos obtenidos que permite evaluar independientemente sus resultados".

El Gobierno, aseguró la vicepresidenta, solicitará la comparecencia anual del presidente del CIS y promoverá una reforma legal que prevea la elección parlamentaria del presidente de la institución.

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