El PP acusa al Gobierno de un "retroceso democrático acelerado"

El PP acusó ayer al Gobierno de empujar a España a "un retroceso democrático acelerado" en sólo dos meses de mandato "incumpliendo sus promesas de regeneración democrática". Se apoyó en dos noticias del martes: la frase pronunciada por la directora general de RTVE, Carmen Cafarell -en un medio público "la influencia, si es que existe, está, en última instancia, legitimada por las urnas"- y la decisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de ascender al fiscal Mariano Fernández Bermejo, pese a que otro fiscal, Fernando Herrero, fue más votado por el Consejo Fiscal.

"¡Qué poco le ha durado el buen talante a [José Luis Rodríguez] Zapatero. Se ha convertido en un presidente engreído, prepotente y crispado!", exclamó Ángel Acebes, número dos del PP, en rueda de prensa. Junto a la "utilización partidista" de RTVE y la "ocupación descarada de la Justicia", el PP acusa al presidente del Gobierno de haber olvidado en sólo dos meses todas sus "promesas de moderación y diálogo".

"El PSOE hizo bandera de una supuesta renovación democrática en la campaña electoral y el señor Zapatero está haciendo exactamente lo contrario de aquello con lo que se le llenó la boca", aseguró Acebes para cargar contra la directora de RTVE y el fiscal general del Estado.

Acebes interpretó así la afirmación de Cafarell: "Hemos descubierto a qué responde la utilización partidista de la televisión pública. Ha dicho que la influencia política está legitimada por las urnas". Y exclamó: "¡Con lo que hemos tenido que oír de la televisión pública cuando gobernábamos nosotros para que ahora se diga que quien gana las elecciones está legitimado para utilizar la televisión pública!".

El PP se queja del tratamiento dado a su campaña electoral en RTVE y, de forma muy especial, de la entrevista realizada por Baltasar Magro a su candidato, Jaime Mayor, y de la emisión de un anuncio sobre un debate no acordado con José Borrell, que fue después retirado por orden de la Junta Electoral Central.

La supuesta "ocupación de la justicia" es el segundo elemento que utiliza el PP para argumentar sus acusaciones de "retroceso democrático acelerado". Acebes mantuvo que los Gobiernos del PP no nombraban fiscales "contra el criterio del Consejo Fiscal". Se le recordó que eso ocurrió con el nombramiento de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional y Acebes replicó que ése había sido "un caso en siete años para una fiscalía muy especial" y que después se demostró que "fue un buen nombramiento".

El PP reclamó al presidente del Gobierno que "respete al Consejo Fiscal y nombre a los fiscales que obtienen más votos" en ese órgano de representación de la carrera fiscal.

Fuentes fiscales recordaron que el Fiscal del Estado tiene la "competencia exclusiva" para proponer al Gobierno los nombramientos, "oído el Consejo Fiscal". Argumentaron que la Asociación de Fiscales (conservadora) tiene más integrantes que la Unión Progresista de Fiscales en el Consejo Fiscal, y "si el fiscal general no se separase nunca del criterio de la mayoría, la primera designaría en la práctica la totalidad de los nombramientos".

Fuentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) mostraron ayer su "indignación" por las acusaciones de Acebes. Recordaron que durante la etapa de Jesús Cardenal y del PP "no se nombró ni un solo fiscal de Sala del Supremo y ni un solo fiscal jefe de Tribunal Superior de Justicia" de la UPF.

Tras la reforma del Estatuto, "el único nombramiento de un fiscal progresista fue Antonio Salinas, el jefe Anticorrupción", un cargo de confianza de Cardenal para sustituir a Carlos Jiménez Villarejo. Añadieron que de los 12 nombramientos del martes, nueve sí se hicieron conforme al criterio mayoritario.