Una vida arruinada y desprotegida

El temor de Agustí Prats es que cuando el Tribunal Supremo evalúe el caso de su hijo Agustí sólo tenga en cuenta la ley y no vea a la persona y a la tragedia.

Agustí tuvo una suerte nefasta: una noche de febrero de 2001 salió a cenar con sus amigos por el Raval de Barcelona. Fue a buscar dinero a un cajero automático y, cuando salió del banco, se vio inmerso en una operación policial. Los vecinos lanzaban objetos contra la policía, un ladrillo impactó en la cabeza de Agustí y le hundió el cráneo. Se salvó de milagro, pero quedó postrado en una silla de ruedas, con un grado de disminución física del 76%, que le incapacita para trabajar durante el resto de su vida. Tenía 28 años y era diseñador gráfico. Nunca se pudo determinar quién le había lanzado el ladrillo.

Agustí estuvo ingresado ocho meses. Con la rehabilitación logró recuperar el movimiento de los brazos, pese a faltarle precisión y fuerza en el derecho. Aun así, una parte del área motora de su cerebro murió y no puede caminar porque no tiene sentido del equilibrio. Su diagnóstico es de tetraparesia (parálisis leve en las cuatro extremidades).

Una vez superado el trauma inicial, la familia pensó en solicitar una pensión de invalidez que asegurara al joven la independencia económica. Pero la Seguridad Social le denegó la pensión en julio de 2001 alegando que cuando tuvo el accidente llevaba cinco meses inactivo y sin demostrar animus laborandi (voluntad de trabajar), ya que no se había dado de alta en el Inem. Efectivamente, Agustí había abandonado su empleo a finales de agosto de 2000 porque otra empresa les había prometido, tanto a él como a un amigo, un puesto mejor. Inicialmente debían incorporarse al cabo de un mes a la nueva empresa; por eso los diseñadores consideraron innecesario apuntarse al paro. Pero, por problemas coyunturales, la oferta de empleo fue demorándose y Agustí, mientras, sufrió el accidente.

Ante la negativa de la Seguridad Social, el joven recurrió ante el Juzgado de lo Social. En abril de 2002, el juez estimó que el caso debía ser interpretado "en un sentido humano e individualizado" y determinó que la existencia de una oferta de empleo justificaba la ausencia inmediata de inscripción en el paro. El juez condenó a la Seguridad Social a pagarle a Agustí la pensión y los retrasos, pero la situación volvió a dar un vuelco: la Seguridad Social recurrió ante el Tribunal Superior de Cataluña, que falló a su favor y retiró la pensión al joven en diciembre de 2003.

Como destaca su padre, "Agustí se encuentra ahora con 31 años y sin recursos económicos, excepto los que le damos sus padres". El propio afectado lo reafirma en una carta abierta que remitió a los medios de comunicación el pasado mes de abril. "Han arruinado mi vida y mi carrera y me veo impotente ante la carencia de leyes que me protejan. Me encuentro solo ante mi desgracia". Agustí señala: "No sólo demando una pensión, también denuncio el vacío legal existente". Espera que su queja sirva para que la Administración cree una ley que proteja a los afectados por casos similares.

En este momento, el caso de Agustí está ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado. La familia Prats tiene pocas esperanzas de que la resolución vaya a diferir en mucho de la del Tribunal Superior.

Para obtener una indemnización, a lo único que ha podido acogerse Agustí ha sido a una normativa poco conocida: la Ley de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual. Amparándose en esta norma obtuvo 40.500 euros de una sola vez y para siempre. Agustí gasta al mes más de 1.300 euros sólo en rehabilitación. Su padre concluye: "Sin apenas indemnización y sin pensión, ¿qué será de mi hijo cuando nosotros faltemos?".