CiU y PP proponen un pacto de Estado para afrontar el déficit de la sanidad catalana

Los grupos del PP y CiU en el Parlament defendieron ayer un pacto de Estado, similar al conocido Pacto de Toledo sobre las pensiones, para consensuar las prestaciones que debe ofrecer la sanidad pública en Cataluña y mejorar su modelo de financiación. Los partidos que integran el Gobierno catalán respondieron que la propia consejera de Salud, Marina Geli, ya propuso impulsar un pacto sobre la sanidad en su última comparecencia en la comisión de política social del Parlament y reprocharon a CiU que no lo hubiera ofrecido cuando gobernaba.

Durante el debate sobre los presupuestos en el Parlament, Gobierno y oposición coincidieron en destacar el abultado déficit que arrastra la sanidad catalana (el Gobierno tripartito lo ha cifrado en 3.000 millones de euros), aunque discreparon en el momento de analizar sus causas. Las diputadas Carme Valls (PSC) y Dolors Comas (ICV) apuntaron a la mala gestión del anterior Gobierno, de CiU, al que acusaron de "esconder facturas en el cajón", de "estrangular" a la red sanitaria concertada y de descapitalizar a los hospitales y ambulatorios del Instituto Catalán de la Salud (ICS) dejando que "cayeran a trozos".

"Estos presupuestos de Sanidad", dijo Carme Valls en referencia a los que ha presentado el Gobierno tripartito para 2004, "son los primeros presupuestos reales, porque es la primera vez que no camuflan nada".

CiU reconoció que la sanidad sufre en Cataluña un "déficit estructural muy importante" y lo atribuyó al incremento de la demanda por el envejecimiento de la población, entre otras causas, y, "en parte", al actual modelo de financiación. CiU y PP se mostraron "defraudados" con el presupuesto que el Gobierno catalán ha elaborado para el Departamento de Salud, que asciende a 6.500 millones de euros, un 34,2% del presupuesto global de la Generalitat. El nacionalista Francesc Sancho y el popular Joan López calificaron de "continuistas" y "poco progresistas" las cuentas de Sanidad, aunque dirigieron toda su metralla contra el gravamen sobre los hidrocarburos que el Gobierno catalán quiere implantar a partir del 1 de agosto. Sancho llegó a expresar la disposición del grupo de CiU de retirar su enmienda a la totalidad a los presupuestos si el Gobierno se retracta y no aplica la tasa finalista, fijada en 2,4 céntimos de euro por litro de gasolina o gasóleo.

El diputado nacionalista argumentó que esta medida, que definió como un "doble peaje" para los ciudadanos, incluso crea "desavenencias" en el seno del tripartito, en alusión a la disconformidad expresada en su día por ICV hacia este tipo de impuesto, así como hacia cualquier forma de copago de los servicios sanitarios, una medida, esta última, a la que la consejera Geli dejó la puerta abierta, aunque posteriormente descartó. Al respecto, la diputada ecosocialista Dolors Comas respondió que no ha de extrañar que en el propio tripartito exista un debate sobre cuestiones que "no es fácil de resolver" y agregó que debe "trasladarse también a la sociedad". "Es necesario un pacto político y social, pero que vaya más allá de la renegociación con el Estado para mejorar la financiación, sino que aborde también, por ejemplo, qué prestaciones hay que incorporar al sistema público", señaló Comas.

El diputado de ERC Uriel Bertran respondió a las críticas de la oposición sobre "el continuismo" de las cuentas de Sanidad destacando que por primera vez el gasto sanitario per cápita se iguala a la media española, al crecer del 4,1% del PIB al 4,6%.