Móviles prohibidos y confiscados

Dos pasos adelante y uno hacia atrás. El régimen estalinista de Pyongyang no sólo ha prohibido el uso de teléfonos móviles sino que ha pedido a los más de 20.000 propietarios de estos incontrolables artilugios que los entreguen. Hace menos de dos años que Corea del Norte se atrevió a dar una tenue apertura en el férreo control de las comunicaciones e introdujo el sistema de telefonía móvil en la capital y en las zonas económicas recientemente establecidas en el país.

El altísimo precio de acceso de los móviles -unos 700 euros, en un país cuyo salario anual medio no alcanza los 25 euros- había restringido enormemente el número de usuarios, casi todos ellos hijos de la nomenclatura o privilegiados con conexiones al otro lado de la frontera, aunque las llamadas internacionales estaban prohibidas. El Gobierno considera, sin embargo, que a través de los móviles ha aumentado la "perniciosa" influencia de Occidente, lo que "daña la cultura y mina la soberanía del Estado". Frente a esto, el régimen decidió el pasado 25 de mayo cortar las antenas de telefonía y exigir la entrega de los aparatos. Según la prensa surcoreana, la decisión estuvo motivada por el eventual uso de móviles para atentar, en abril pasado, contra Kim Jong Il, lo que resultó en la explosión de un tren y la muerte de 170 personas.