Los secuestros desangran a México

Un joven devoto cortó, trenzó y ofrendó a la virgen de Guadalupe su querida melena porque salió con vida de un secuestro; después de las letanías pidió la sumaria ejecución de sus captores. Obligado a las soluciones terrenales, el presidente mexicano, Vicente Fox, insta a la aprobación de la Ley en Materia de Justicia Penal que amplía el margen de maniobra contra una lacra de nuevas y crueles modalidades. La ciudadanía clama contra mafias conchabadas con la policía y el narcotráfico y convocó a manifestarse el próximo día 27. El número de secuestros en el año 2003 varía entre los 500 reconocidos oficialmente y los cerca de 3.000 calculados por la compañía de seguridad Kroll Inc. Sólo Colombia aventajaría a México.

El reciente asesinato de dos jóvenes ingenieros mexicanos de origen español, de 25 y 30 años, se suma al terror ejercido, hasta su detención hace tres años, por el psicópata Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, que secuestró a 35 hispano-mexicanos y liberó a la mayoría sin orejas. Los cadáveres de los hermanos Vicente y Sebastián Gutiérrez Moreno, de padres cántabros, fueron encontrados el pasado mes de mayo, con un tiro en la nuca, en un basurero, después de que su familia hubiera pagado más de medio millón de dólares por el rescate. Las desgracias no acabaron en el chirrión. Cuando sus padres acudían a los funerales fueron violentamente asaltados. La embajadora española, Cristina Barrios, y dirigentes de los centros regionales se reúnen mañana con el secretario (ministro) de Gobernación, Santiago Creel.

El Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos o Baja California concentran el mayor número de bandas que acechan en los grandes centros comerciales, a la salida de los colegios o cerca de las oficinas de empresarios, y exigen entre los 2.000 dólares y los 10 millones de dólares. No dudan en filmar los vejámenes ejercidos: desde el apaleamiento de un anciano, el corte de la falange del dedo meñique de una niña de 10 años o el cautiverio de otra de cinco. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, 50 secuestrados fueron ejecutados en los últimos tres años. Sólo se denuncia el 20% de los secuestros porque no hay apenas confianza en la policía. El porcentaje es puramente orientador.

La Agencia Federal de Investigación (AFI), con 6.000 hombres en sus filas, es el cuerpo de mayor credibilidad, pero la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía General) sostiene que no es suficiente y que poco podrá avanzarse, mientras las familias opten por contratar negociadores privados y no informar a las autoridades. La Fiscalía investiga a cuatro empresas, entre ellas Kroll, y les advirtió con la expulsión del país o la cárcel.

"Cuando pagaba 100.000 dólares por mi hermano, observé a una patrulla policial muy cerca", comenta un joven empresario de origen navarro. "Nos dieron muy poco tiempo. Malvendimos joyas, coches y cuadros". México trata de cuidarse las espaldas, pero ni por esas. El pasado día 11 fue detenido, con cargos de secuestro, un escolta del gobernador de Chihuahua. "Vamos a redoblar esfuerzos, vamos a sumarnos más con los gobiernos locales", prometió Fox. El Gobierno federal intenta la coordinación con las administraciones de los 31 Estados de la República y el Distrito Federal, sede de la alcaldía de Ciudad de México, que disponen de amplias competencias en asuntos de seguridad.

El Congreso de Veracruz sentó un precedente, en enero, que evalúan el Gobierno y la Fiscalía federales: aprobó el bloqueo de los fondos y propiedades de los secuestrados para impedir el pago de rescate y aumentó a 50 años la pena de cárcel. Pese a la periódica publicidad de los casos, José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de la PGR, sostiene que "el fenómeno está totalmente a la baja". No lo perciben así los mexicanos movilizados contra la impunidad y la corrupción.