El Gobierno ofrece a las autonomías participar en los Consejos de Ministros de la UE

El Gobierno socialista decidió ayer abrir la puerta a la participación de las comunidades autónomas en los Consejos de Ministros de la UE. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, hizo la propuesta en una reunión de la Conferencia de Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE) a la que asistieron representantes de los 17 Gobiernos autónomos, y fue asumida por unanimidad. "Se ha abierto una puerta cerrada a las autonomías en ocho años", dijo el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucia, Gaspar Zarrías, en nombre de las comunidades.

El ministro de Administraciones Públicas, después de más de dos horas de reunión, anunció a los medios de comunicación que el Gobierno socialista había ofrecido a las comunidades autónomas la posibilidad de disponer de un representante, con rango mínimo de consejero y, en nombre de las 17 comunidades, con participación activa de la delegación española asistente a los Consejos de Ministros de la Unión Europea.

Sevilla ofreció el plazo de un mes a las comunidades autónomas para acordar una fórmula de representación que el Gobierno central está dispuesto a asumir. El Gobierno central, anunció el ministro, convocará en septiembre una sesión monográfica con todas las comunidades para debatir la fórmula y aprobarla.

Las comunidades autónomas consultadas se remitieron ayer al texto pactado el 17 de noviembre de 2001 en una conferencia de representantes autonómicos, celebrada en Barcelona, cuyo borrador había sido propuesto por la Junta de Extremadura, con el respaldo de la Junta de Andalucía. El texto fue rechazado por el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, el 13 diciembre de 2001, con este criterio: "Cuando se va al exterior es el Gobierno español el que va y eso es lo que dice la Constitución".

La representación autonómica, según la propuesta aprobada unánimemente por las comunidades autónomas en Barcelona hace casi tres años, será de una rotación anual para cada comunidad y se integrará dentro de la delegación española. Su nivel de participación será pleno, si el asunto que se trata es de competencia exclusiva de las comunidades, y limitado, si la competencia es exclusiva del Estado.

Procesos de decisión

El ministro de Administraciones Públicas señaló ayer que esta medida es una respuesta a "las demandas de participación de las comunidades autónomas en los procesos de decisión europeos". Y recordó que ha sido un asunto "ampliamente debatido con avances y retrocesos" en los últimos años.

La primera vez que se planteó la propuesta de participación de las comunidades autónomas en los Consejos de Ministros de la UE fue en 1993. CiU lo puso sobre la mesa y el Gobierno de Felipe González lo asumió, pero no pudo materializarlo al adelantarse el final de la legislatura a primeros de 1996.

En 1997, en la primera legislatura del Gobierno Aznar, un acuerdo entre el PSOE y los nacionalistas en la Comisión mixta Congreso-Senado impuso al PP, que no tenía mayoría absoluta, que aceptase el principio de participación de las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de la UE. Asumió la creación de una comisión en el ámbito de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas y de Exteriores, que, en noviembre de 2001, pactó una fórmula de participación entre todas las comunidades autónomas, y que fue rechazada por el Gobierno del PP el mes siguiente, el 13 de diciembre.

Ayer, el ministro de Administraciones Públicas afirmó, para resaltar la unanimidad entre los representantes de todos los gobiernos autonómicos, incluidos los del PP, que no se había dado cuenta de "quien gobernaba qué" pues "la percepción [de las propuestas de participación autonómica] ha sido positiva por parte de todos".

Jordi Sevilla ofreció, asimismo, otras medidas complementarias de participación que fueron bien acogidas por los representantes de las comunidades autónomas. Así, confirmó que uno de los dos funcionarios que el Ministerio de Administraciones Públicas mantiene en la Representación Permanente de España (REPER) se cederá a las comunidades autónomas para que defienda las materias de contenido autonómico.

Una tercera propuesta de Sevilla fue la mejora del funcionamiento de las Conferencias Sectoriales -organismos mixtos de participación de cada ministerio y las comunidades autónomas- para que desde ellas las autonomías influyan en la opinión del Gobierno central sobre las cuestiones relacionadas con la UE que afecten a sus intereses.