El Defensor del Pueblo detecta graves demoras en los trámites de extranjería en Alicante y Castellón

La memoria anual del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, constata las importantes demoras que se registran en las subdelegaciones del Gobierno de Alicante y Castellón en la tramitación de solicitudes de permisos y tarjetas de ciudadanos extranjeros. En el caso de la Delegación del Gobierno en Valencia, la situación no es tan grave aunque, tal como indica la memoria, en 2003 se requirió un aumento de personal que aún no se ha atendido.

La falta de personal es una de las principales causas en la demora de los expedientes, según señala el documento en el que Múgica desvela la "necesidad perentoria" de aumentar personal dedicado a la tramitación de estos expedientes mediante un incremento de la plantilla, el nombramiento de personal interino o la contratación coyuntural de personal laboral.

En el caso de Alicante, la memoria del Defensor del Pueblo señala que la demora se registra tanto en la concesión de permisos de trabajo y residencia iniciales como en las renovaciones de estos permisos, en la concesión de permisos de residencia no laborales y en las tarjetas de estudiantes. En el caso de la entrega de las tarjetas de residentes comunitarios, que en otras provincias se tramitan en días, la subdelegación del Gobierno en Alicante alcanza un retraso de hasta siete meses. Así, el propio informe sobre la situación de esta subdelegación remitido al Defensor del Pueblo califica de "endémica" la situación y cifra en diez auxiliares el refuerzo de personal necesario. Pese a que esta petición fue cursada a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, de momento, no se ha atendido.

La memoria explica que durante el año 2002 la Oficina de Extranjeros de Alicante dispuso de una auxiliar adscrita a la comisaría local de policía de Orihuela, con la finalidad de descentralizar las labores de recepción de documentos y solicitudes en materia de extranjería. Sin embargo, señala que el contrato no se renovó y que a principios de 2003 cesó la prestación del servicio, lo que "ocasionó la queja de numerosos organismos y ciudadanos, fundamentalmente nacionales comunitarios residentes en esa zona, que se veían nuevamente obligados a desplazarse a Alicante para realizar sus solicitudes ante la oficina de extranjeros de esa ciudad o encargar los trámites a una gestoría".

Múgica señala cómo la subdelegación del Gobierno de Castellón fue una de las que durante 2003 experimentaron demoras en la tramitación de expedientes en materia de extranjería. "A través de una investigación puntual", señala la memoria, "se ha tenido conocimiento de que durante todo el procedimiento de arraigo se paralizó la tramitación de los permisos en régimen general". Este bloqueo supuso que, al finalizar 2003, todavía quedaban por resolver solicitudes de permiso de trabajo y residencia presentados en 2001. Para el subdelegado del Gobierno, Juan María Calles, el informe ratifica la "desidia" con la que el PP abordó la tramitación de permisos de residencia y trabajo. Calles recordó que la primera medida que adoptó al ser nombrado fue dotar de más personal a los servicios de Extranjería e iniciar las gestiones para crear una Oficina Única, con el objetivo de dignificar las relaciones de los inmigrantes con la Administración y resolver los alrededor de 8.000 expedientes en tramitación.

El Defensor del Pueblo se basa en la investigación realizada en las delegaciones del Gobierno de Madrid, Barcelona, Valencia, Islas Baleares, Murcia y Navarra, así como en las subdelegaciones de Alicante, Castellón, Málaga, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y califica de "preocupante la dificultad que encuentran los ciudadanos para obtener información sobre la situación de sus expedientes".

En el caso de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Enrique Múgica considera que los tiempos de espera de 2003 suponen "una mejoría respecto de la situación padecida en años anteriores, ya que en 2001 se estaban generando retrasos de hasta un año en la tramitación de los expedientes y en el año 2002 todavía persistía una grave situación de retraso".