Política de adversarios

Los británicos denominan "política de adversarios" a aquella práctica consistente en que cuando uno de los grandes partidos conquista la mayoría en los Comunes y forma gobierno impone sus políticas peculiares, haciendo uso de su mayoría y sin acordarlas con la oposición. A su vez, cuando la leal oposición de Su Majestad vence en las elecciones, obtiene mayoría en los Comunes y forma gobierno hace exactamente lo mismo: destejer las políticas del gobierno anterior con las que no está de acuerdo, normalmente las distintivas, e imponer las suyas propias que, a su vez, durarán lo que dure la mayoría, a reserva de que el electorado produzca ulteriormente una segunda alternancia que operará exactamente igual. El resultado de este tejer y destejer resulta obvio: al partido de la mayoría le es muy fácil imponer sus políticas distintivas, su mayoría parlamentaria le basta y le sobra para imponer las que desee en la forma que le parezca bien, sin embargo una política no acordada con toda o la mayor parte de la oposición difícilmente durará más que el gobierno y la mayoría que la impone, la facilidad de imponer se paga al precio de la discontinuidad cuando hay cambio de mayoría. En lo que los politólogos de moda denominan la "democracia mayoritaria" es muy fácil imponer políticas, es muy difícil conseguir que duren. La eficacia para imponer se paga al precio de la rápida caducidad de lo impuesto.

"Se necesita que el Senado sea la cámara de las instituciones autonómicas: sin su voto no se puede sacar una ley territorial"

Viene esto a cuento de las idas y venidas sobre la Ley de Calidad de la Enseñanza, que es un ejemplo "de libro" de lo que señalaba hace un momento: llegaron los socialistas y usaron de su mayoría para impone una LOGSE sin financiación adicional y sin pactarla con los conservadores, y cuando los conservadores alcanzaron la mayoría impusieron la liquidación de lo que no les gustaba de la LOGSE y establecieron lo que les gustaba en la LOCE sin prever que a las mayorías les pasa lo que a las verduras de las eras, que pasan rápidamente. Y ahora es llegado el turno de destejer lo que los anteriores tejieron. Entre tanto a la enseñanza que la zurzan, eso sí con el acompañamiento de inmejorables palabras. Tras casi dos décadas de tan hermosa imitación de Penélope me parece que ya va siendo hora que unos y otros se sienten a hablar al efecto de determinar en qué están de acuerdo y qué le parece aceptable o soportable a cada parte de lo que le agrada a la de enfrente, a fin de reunir ese conjunto e incorporarlo a una legislación educativa que será buena, mala o regular, pero que al menos será estable durante una larga temporada. Si además el conjunto resultante es coherente, miel sobre hojuelas.

Si la "política de adversarios" no parece muy recomendable, ni siquiera en el que a no dudarlo es hoy uno de los estados más centralizados de Europa, parece todavía menos aconsejable en uno fuertemente descentralizado como el español, en especial en aquellas políticas que en razón del reparto de competencias son compartidas. Que el gobierno del Estado y su mayoría impongan contra viento y marea sus preferencias en cualquier asunto, cuando la materia va ser parcialmente legislada e íntegramente administrada y financiada por gobiernos autónomos en algunos de los cuales gobiernan otros partidos, o gobierna el mismo pero sin la cómoda mayoría de que se goza en Madrid, no parece algo digno de particular alabanza. Si, como sucede en la enseñanza, una materia es compartida por Estado y Comunidades Autónomas, y éstas están gobernadas al menos en parte por la oposición, parece lógico que las políticas correspondientes deben ser pactadas entre las instituciones que comparten la responsabilidad y las fuerzas políticas que gobiernan esas instituciones. Descentralización política se llama eso. Cuando no sucede así nada de particular tiene que las instituciones y fuerzas políticas que no se tienen en cuenta a la hora de diseñar e imponer una determinada política pública, y que van a ser responsables de su administración, se resistan como gato panza arriba. Lo que está pasando con la Ley de Calidad es nuevamente un buen ejemplo: si los señores del PP hicieron mal en sacar adelante la ley como la sacaron -y yo creo que hicieron mal al sacarla unilateralmente- no parece que la mayoría actual esté muy afortunada cuando hace exactamente lo mismo para desguazar aquella parte de la ley con la que no está de acuerdo. Entre los errores de los unos y las equivocaciones de los otros al final acaban pagando el pato los tribunales. Ya lo decía mi madre: unos por otros y la casa sin barrer.

Claro que episodios como el que se toma como ejemplo suceden porque pueden suceder. Y pueden suceder porque nuestro sistema institucional no obliga a las partes a consensuar las políticas públicas compartidas. Si fuera de otro modo, si para sacar la LOU o la LOCE, por no salir de la enseñanza, hubiera que pasar por el voto de los gobiernos y parlamentos autónomos, en algunos de los cuales las mayorías son semejantes y en otros no, la probabilidad de sacar adelante políticas unilaterales sería tan baja y los costes tan altos que prácticamente siempre serían preferibles la negociación y el acuerdo, con lo que al evitarnos las políticas impuestas nos evitaríamos sus muchos inconvenientes, de los cuales el de Penélope no es el menor. Pero para eso se necesita que el Senado sea lo que debe ser, la Cámara de las instituciones de gobierno autonómicas, y que sus poderes sean lo que en buena lógica deberían ser: sin su voto no es posible sacar una "ley territorial". Pero no parece que los vientos vayan a soplar por ese cuadrante, tal parece como si tirios y troyanos no quisieran enterarse de que las malas instituciones generan malas políticas. Aunque eso sí, las malas políticas sean más cómodas y permitan quedar mejor con la clientela. Alguna ventaja tendría que tener la política de adversarios.

Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.