Papeles, ¿para quién?

Cuando la abogada María Ángeles López decidió especializarse en temas de inmigrantes, en 1980, sólo había "tres despachos" en Madrid dedicados a ese colectivo. "Había uno que atendía a chinos, otro y el mío", recuerda. España no tenía una Ley de Extranjería. "Cuando cogían a un inmigrante irregular, lo metían en la cárcel de Carabanchel hasta que le compraban un billete de avión y lo mandaban a su país".

Ocho Gobiernos y tres leyes de Extranjería después, hay "unos 2.000 abogados" que se dedican a atender trámites de inmigrantes, sólo en Madrid, según estima Marcelo Belgrano, coordinador del área de migración del Colegio de Abogados de Madrid. "El turno de oficio de extranjería tiene 400 abogados y hay 13 personas, 24 horas de guardia", añade.

El Gobierno estudia conceder permisos de trabajo y residencia en algunos casos

Los extranjeros tienen apoyos tan dispares como CGT y Jueces para la Democracia

"Los inmigrantes saben que éste es un buen momento para reivindicar", dice CGT

Sus clientes también se han multiplicado exponencialmente y, según estimaciones aceptadas, hay un millón de inmigrantes irregulares en España. Alrededor de ellos, además de abogados e inmensos problemas legales, se mueven decenas de organizaciones de apoyo, desde sindicatos hasta asociaciones vecinales. "Se ha creado toda suerte de redes de apoyo", dice López. Razones de agenda han hecho que esa amalgama de voces se haya hecho de nuevo visible estos días en Barcelona.

Alrededor de 1.700 inmigrantes se encerraron el sábado 5 en la catedral de Barcelona y la iglesia del Pi. Pedían papeles para todos, el lema por el que se han hecho más conocidas este tipo de manifestaciones. Aunque aseguran que pactaron con el obispo de Barcelona, Ricard Maria Carles, abandonar la catedral a las nueve de la mañana del lunes, fueron desalojados violentamente por la policía. Quince personas fueron detenidas y serán expulsadas del país por estancia ilegal, pues no tienen los papeles que precisamente pedían. El caso ha provocado distintas opiniones sobre la estrategia de la defensa de los inmigrantes, así como las oportunas acusaciones políticas.

Las protestas de esta semana son apoyadas por una serie de organizaciones bajo el nombre colectivo de Asamblea por una Regularización Sin Condiciones. Es el nuevo nombre de un movimiento que en un principio se llamó Iguales en Derechos y, hace unos dos años, Papeles para Todos. El número de miembros ha disminuido con los años, y ahora son 45 organizaciones. Algunos han sido tan dispares como el sindicato minoritario Confederación General del Trabajo (CGT), presente en la Asamblea o una de las asociaciones judiciales mayoritarias, Jueces para la Democracia, que participó en Papeles Para Todos.

"No hay unidad de criterios a la hora de defender a los inmigrantes", sentencia Mustafa El M'Rabet, presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME). "Están los radicales, los moderados y los que no hacen nada". ATIME cuenta con 15.000 afiliados y no ha estado presente en ninguna de estas plataformas.

En el primer caso, lo que El M'Rabet llama "los radicales", se encontraría CGT, señalado por diversas fuentes como catalizador a escala estatal de estas movilizaciones. "CGT no está detrás de nada, está delante, apoyando a los inmigrantes", responde Juan Carlos del Val, coordinador de este sindicato en Cataluña. Reconoce un "papel considerable" en ocasiones anteriores, de las que "queda una inercia". Rechazan haber liderado la protesta de Barcelona, aunque la apoyan por completo.

A la hora de organizar manifestaciones, "se valoran cuestiones de calendario", dice Del Val. "Todo el mundo mueve su ficha. Los inmigrantes saben que éste es un momento apropiado para reivindicar".

El calendario dice que el Gobierno prepara un nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, que debe estar en marcha después del verano. Así que papeles habrá, pero aún no se sabe para quién. Por ahora, el Ejecutivo ha anunciado un plan de choque para reducir el colapso de las delegaciones del Gobierno, que centralizan los trámites de extranjería. Según ha publicado EL PAÍS esta semana, en España hay 374.749 expedientes de extranjeros sin resolver por falta de medios humanos y materiales. Unos 200.000 son renovaciones de permisos de trabajo y residencia, es decir, personas con su permiso en regla que han pasado a situación irregular por ineficacia de la Administración. Ante esta noticia, el Gobierno ha anunciado 267 nuevos puestos de trabajo para reforzar las oficinas de Extranjería y el desvío de estos trámites a otras ventanillas, como el Inem.

"El cambio de Gobierno ha generado expectativas, y los primeros signos que ha dado en este tema han provocado desesperación", según Del Val. "Los inmigrantes están dispuestos a radicalizar mucho más sus protestas" y las organizaciones que los apoyan "están aportando calma y serenidad". En la CGT de Madrid, la pregunta que hacen es "por qué [el Ejecutivo] no toma medidas urgentes y valientes en el ámbito de la inmigración, como han hecho en la guerra de Irak, la educación o el Plan Hidrológico". Se pide "la regularización sin condiciones".

Sin embargo, Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia, opina: "No me parece que se esté pidiendo papeles para todos". La asociación judicial, presente en la plataforma Papeles Para Todos, sería una de las voces moderadas detrás de las plataformas de apoyo a los inmigrantes. "Piden que se resuelvan situaciones como ésa [el colapso de expedientes]", explica Rodríguez. "No pedimos la regularización completa y absoluta, sólo entendemos que España tiene una capacidad de acogida mucho mayor que la reconocida". Aun así, Rodríguez afirma que en las plataformas de apoyo a los inmigrantes converge "una sensibilidad especial respecto a los extranjeros".

En España ha habido procesos de regularización de inmigrantes en 1985, cuando se aprobó la primera Ley de Extranjería, y después en 1991, 1996, 2000 y 2001. "Son como válvulas de escape", comenta el abogado Marcelo Belgrano, quien también entiende que los lemas Papeles para todos o sin condiciones son "inaceptables como política de inmigración". En 2001 se legalizó la situación de todos los que podían acreditar encontrarse en España con posibilidad de empleo inmediato. Pero han pasado tres años y muchos inmigrantes entonces no cumplían esas condiciones y ahora sí, por lo que se han renovado sus esperanzas aunque sobre el papel las posibilidades de una regularización extraordinaria están cerradas.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ha afirmado esta semana que el Gobierno estudia la posibilidad de conceder permisos de residencia y trabajo temporales a los extranjeros en situación irregular que presenten un contrato laboral. La decisión afectaría a miles de inmigrantes.

Por tanto, el encierro de Barcelona ha logrado poner el tema de los papeles de nuevo sobre la mesa. Pero además, con su resolución violenta, ha encontrado otra vía de presión para el nuevo Gobierno. La actitud de la Generalitat fue criticada en una carta a los medios por la ex delegada del Gobierno en Cataluña Julia García-Valdecasas, quien recordaba la solidaridad de PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya con los inmigrantes en un encierro similar en 2001 en la iglesia del Pi, con el PP en en el Gobierno y CiU en la Generalitat. También el líder popular, Mariano Rajoy, se preguntaba el martes por qué el PSOE utilizaba "la política de la porra" que atribuía antes al PP.

El presidente de ATIME, Mustafa El M'Rabet, comparte la crítica. "Hay cambios de postura que yo no entiendo. Sobre todo la de ERC, que ahora lleva los temas de inmigración en la Generalitat. ¿Qué ha cambiado?". La misma incómoda pregunta hacen los convocantes.

El precio de estas movilizaciones lo pagarán, por ahora, los 15 inmigrantes detenidos. Hace dos años, más de 400 inmigrantes se encerraron en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla pidiendo "papeles para todos". Hubo más de 200 detenidos y al menos 80 fueron expulsados de España. Entonces los respaldaba la Red de Apoyo, formada por 165 organizaciones. Entonces, como ahora en Barcelona, los convocantes fueron acusados de estar manipulando a los inmigrantes para asumir un gran riesgo como es una detención y la expulsión segura.