El asesor fiscal de Vilar asegura ante la juez que Fabra cobró 330.556 euros del empresario
El abogado del industrial pedirá un careo entre su cliente y el presidente de la Diputación
Un testigo del llamado caso Fabra explicó ayer a la titular del Juzgado número uno de Nules el pago de más de 330.000 euros al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle favores políticos, ya denunció la entrega de ese dinero. Ayer, José Gas, asesor fiscal del industrial, que declaró en calidad de testigo, reforzó la versión de Vilar y detalló su justificación contable. Sonía Abadía, ex contable de Naranjax, declaró ante la juez que el chófer de Fabra recogió paquetes de dinero en la empresa de Vilar.
La ex contable dijo que el chófer de Fabra recogía dinero en la empresa de Vilar
Según Gas, el dinero procedía de clientes de Naranjax, la empresa matriz de Vilar. Aquellos, afirmó, conocían el destino que se iba a dar al mismo y el porqué. Además, explicó que contablemente se justificaban como amortización de la deuda de Naranjax a sus socios, es decir el propio Vilar y a su madre. Y aseguró también que los ingresos a Artemis -la empresa que comparten la ex esposa de Vilar, Monserrat Vives, y la esposa de Fabra, Amparo Fernández- y a Carmacas -propiedad del presidente de la Diputación- eran "periódicos".
La juez que investiga a Fabra por un supuesto delito contra la Administración Pública tomó ayer declaración, en calidad de testigos, a cinco personas, entre ellas José Gas, que obligado a decir verdad, admitió ser conocedor del pago que Vicente Vilar realizó a Carlos Fabra en "maletines". El empresario, que declaró durante una hora y media, aseguró que, en su interior había 330.556 euros. Por otra parte, el testigo sostuvo que, tras varios pagos, se acordó el encargo de informes "tipo" con el fin de facturar el dinero que se entregaba.
Además del asesor fiscal de Vicente Vilar, ayer prestaron declaración la ex contable de Naranjax, Sonia Abadía, y los representantes de las joyerías y la sala de arte en las que, según Vilar, se compraron algunos regalos para Carlos Fabra y para su esposa.
Todos ellos admitieron que el empresario era uno de sus clientes pero aseguraron desconocer el destino de las joyas y las obras de arte adquiridas. Sin embargo, Abadía aseguró en su testimonio que sabía de la entrega de 180.000 de los más de 330.000 euros. Y explicó en un testimonio que se prolongó durante casi dos horas que el chófer del presidente de la Diputación acudió en más de una ocasión a recoger paquetes a la fábrica de Artana.
Una vez concluidas las declaraciones, Virgilio Latorre, abogado que representa a la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, señaló que la investigación judicial "avanza en una dirección muy seria".
El letrado sostuvo que las pruebas presentadas ante la juez tendrán como consecuencia la petición de nuevas diligencias. Una nueva diligencia es la que solicitará el letrado de Vicente Vilar, Teodoro Berdonces. Su intención es que la juez y el fiscal admitan la celebración de un careo entre su representado y el presidente de la Diputación de Castellón.
Mientras tenían lugar las declaraciones en Nules, en Castellón, Carlos Fabra aseguró en una rueda de prensa sobre el balance de la campaña de su partido para las elecciones europeas del próximo domingo no estar preocupado y pidió a los testigos citados en la causa que dijeran "la verdad". "Con eso me conformo", dijo. A renglón seguido aseguró que "estas declaraciones no me van a afectar, pues yo tengo la conciencia muy tranquila, aunque otros no la tengan".
El presidente de la Diputación de Castellón subrayó: "He dormido bien y seguiré haciéndolo, aunque algunos se empeñen en lo contrario", según informó Europa Press.
Además, Fabra trató de restar importancia a la influencia que las declaraciones puedan tener en las elecciones de mañana. En su opinión, "es un tema que para la opinión pública está más que amortizado, puesto que lo que se publica no se lo cree nadie". El presidente del PP de Castellón tuvo también palabras para el ministro de Administraciones Públicas, el socialista Jordi Sevilla, de quien dijo que "ordena a los fiscales que participen en la cacería de personas".
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