Respaldo a los ecologistas en el litigio del marjal de Massamagrell

El intento de los afectados por el plan de urbanización en el marjal de Massamagrell, que hace tres años ya fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y del Ayuntamiento local de verse compensados en el Tribunal Supremo por la anulación de las actuaciones urbanísticas se ha visto frustrado. Más aún, en los 33 folios de la sentencia, el tribunal de la sección quinta de la sala de Lo Contencioso Administrativo del Supremo desarrolla argumentos que invalidan por improcedente la petición hasta el punto de condenarles en costas.

El recurso presentado por la junta de compensación de terrenos delimitados por el plan parcial sector uno "Residencial playa de Massamagrell" y por el Ayuntamiento pretendía que se reconsiderara la catalogación del marjal -que ya fue incluida por la Generalitat valenciana como zona húmeda- y que a tenor de la anulación del plan general de actuación urbanística que aprobó el Consistorio y que modificaba la consideración del espacio de no urbanizable a urbanizable, originó una serie de actuaciones de particulares para que se les compensara por ello.

El Supremo considera que "no ha lugar a los recursos de casación", que en origen eran tres, y se acumularon, y que cada uno de los recurrentes conocía de la improcedencia de los mismos, por ello les condena a pagar las costas. El fallo respalda la actuación de la Coordinadora de defensa del marjal de Massamagrell, integrada por Acció Ecologista Agró, el Instituto de Defensa y Estudio Ambiental (IDEA) y CC OO, quienes ya lograran una sentencia histórica cuando el TSJ invalidó el plan de la corporación municipal y que acabaron por demostrar en el proceso penal derivado que la documentación que había servido para que inicialmente se amparara la urbanización de la zona porque había perdido los elementos específicos que la hacían merecedora de una protección especial era falsa.

El Ayuntamiento de Massamagrell pretendía convertir las 17 hectáreas del marjal, junto a la playa municipal y limítrofe con Rafalell y Vistabella, en una zona residencial que logró conquistar las aspiraciones de numerosos promotores inmobiliarios, aunque la batalla legal iniciada por los ecologistas -que desde el principio fue también política- hizo que a medio camino, antes de que el TSJ ilegalizara el plan general, se retirara alguno de ellos.

El PGOU de Massamagrell consideraba urbanizable el marjal desde 1982 y el Consistorio aprobó en 1997 el plan parcial que lo condenaba al cemento. Tal medida y el inicio de las obras hizo que los ecologistas abriesen tres vías judiciales: una por prevaricación contra el entonces consejero de Medio Ambiente, José Manuel Castellá, por consentir su destrucción; otra, un recurso contencioso contra el Ayuntamiento por permitir el plan, del que ahora se ve el último coletazo; y una querella por delito ecológico contra el Consistorio, el promotor y los constructores que ya quedó superada.

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