Protección individual

La entrada en vigor a partir de hoy de un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad y de las policías locales en los casos de riesgo para la vida e integridad física de la mujer maltratada supone un paso significativo, por el carácter eminentemente práctico y operativo de la medida, en la batalla empeñada por los poderes públicos y la sociedad contra la violencia doméstica. Que esta lacra no tiene visos de acabar y que, por ello, el Estado está obligado a perfeccionar cada vez más sus instrumentos legales para hacerle frente, lo demuesta el nuevo caso ocurrido ayer en Granada, que eleva a 29 el número de mujeres muertas por esta causa en lo que va de año.

El objetivo del protocolo es reforzar la seguridad personal de las mujeres maltratadas y dotar de la mayor eficacia a la orden judicial de protección inmediata, puesta en entredicho por la desconexión existente entre los juzgados que dictan las órdenes de protección a las víctimas y los efectivos policiales encargados de garantizar su cumplimiento. Resultaba escandaloso que las órdenes de alejamiento del agresor quedaran en papel mojado, bien porque la policía no era informada por los jueces, bien porque, si lo era, no adoptaba ninguna medida de vigilancia ni informaba a su vez a los jueces de su quebrantamiento. El protocolo insiste en el deber legal de las fuerzas de seguridad de informar en todo momento a las autoridades judiciales sobre sus pesquisas y actuaciones.

La medida más importante del protocolo es, en todo caso, el compromiso policial de evaluar el riesgo y de establecer las correspondientes medidas individualizadas de protección a la víctima desde el momento mismo de presentar la denuncia. Se trata de una medida que, de llevarse a la práctica, elevará sustancialmente el nivel de seguridad de las víctimas del maltrato doméstico. Pero no se oculta que ese compromiso, que puede exigir en no pocos casos una protección de la víctima durante las 24 horas del día, requirirá no sólo una mayor disponibilidad policial, sino sobre todo un aumento de los efectivos dedicados a esta tarea. Hay que tener en cuenta que durante 2003 se presentaron 76.000 denuncias por malos tratos y que se dictaron más de 6.000 órdenes judiciales de protección inmediata. Pero, en este capítulo, sólo existen de momento promesas vaporosas de aumento de plantillas y de creación de unidades especializadas en la Policía Nacional y en la Guardia Civil.