Francia confirma la entrega de Zurutuza por el asesinato de Enrique Cuesta en 1982

El Tribunal Supremo francés rechazó ayer el recurso del presunto miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas José Antonio Zurutuza Sarasola contra su extradición a España. Con este rechazo, el Supremo confirma la decisión del Tribunal de Apelación de Pau (suroeste de Francia), del pasado 27 de febrero, de dar luz verde a la demanda española de extradición contra Zurutuza Sarasola por el asesinato en San Sebastián del delegado de Telefónica Enrique Cuesta [padre de la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Cristina Cuesta] y de su escolta, en marzo de 1982.

La defensa de Zurutuza Sarasola había recurrido la decisión del tribunal de Pau por considerar que los hechos habían prescrito. Los motivos por los que el Supremo ha rechazado el recurso no se han dado a conocer. El presunto miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CCAA) tiene doble nacionalidad, española y francesa, tras su matrimonio en 1988 y fue detenido a comienzos de este año en Biriatou por la policía francesa.

Además de por el asesinato de Enrique Cuesta y de su escolta, España le reclama por varias causas más. Los investigadores españoles consideran a Zurutuza responsable de la muerte a tiros del director de una empresa en Usurbil (Guipúzcoa) en 1981. También le relacionan con el asesinato de un guardia civil en Tolosa, un atentado contra una patrullera en Hondarribia en el que murió un cabo de la Armada, dos secuestros, atracos y diversas actividades relacionadas con el llamado impuesto revolucionario y la infraestructura de ETA.

Todas esas acciones se consideran prescritas, pero no el asesinato de Cuesta y de su escolta, ya que Zurutuza fue procesado en España por esa causa el 22 de diciembre de 1983 y declarado en rebeldía el 16 de julio de 1984. Por tanto, el delito no ha prescrito por no haber transcurrido más de 20 años desde que fue declarado en rebeldía.

Antes de su arresto este año, el supuesto miembro de los CCAA había sido detenido en 2002 en una operación contra la empresa Olabe Distribución, supuesta tapadera de ETA que presuntamente daba cobertura económica y laboral a miembros de la banda terrorista en Francia, y posteriormente fue puesto en libertad.