La Diputación de Barcelona y la Generalitat ponen fin a sus litigios

El crónico enfrentamiento entre la Diputación de Barcelona y los sucesivos gobiernos de la Generalitat presididos por Jordi Pujol llegó ayer a su fin. A los cinco meses de su constitución, el Gobierno catalán presidido por Pasqual Maragall y la Diputación de Barcelona "han fumado la pipa de la paz", dicho en palabras del consejero de Gobernación, Joan Carretero, uno de los actores del acuerdo. Carretero y el consejero de Economía, Antoni Castells, por la Generalitat, y el presidente de la Diputación barcelonesa, Celestino Corbacho, firmaron ayer un convenio por el que ambas partes desisten de los 33 litigios que mantenían vivos en los tribunales y fijan la futura colaboración.

La Diputación de Barcelona rechazó año tras año los criterios que los gobiernos de Pujol fijaban para la aportación económica de la entidad provincial a los planes de cooperación en obras e inversiones municipales elaborados por la Generalitat. Ambas partes disintieron también durante años acerca de la valoración económica de los servicios que la Diputación presta desde antes de la reinstauración de la Generalitat en 1980 y que, según el Estatuto de Autonomía, corresponden ahora a esta última administración.

El enconamiento de las discusiones sobre estos asuntos hizo que llegaran a los tribunales. Pero en el fondo reflejaba una pugna de poder entre los gobiernos de Pujol y una Diputación Provincial gobernada por la izquierda que tiene un elevado presupuesto.

Lo que fue el sueño de Pujol, que CiU gobernara al mismo tiempo la Generalitat y la Diputación de Barcelona, es ahora una realidad con otros protagonistas: los tres partidos de la izquierda catalana. Ésa ha sido la causa de que en relativamente pocos meses ambas administraciones hayan firmado la paz allí donde con Pujol hubo tanta guerra.

Pago por atrasos

El convenio entre la Diputación y la Generalitat determina que ésta remitirá al Parlament un "nuevo marco legislativo" para regular la cooperación con las administraciones locales y la financiación de estas últimas.

Por su parte, la Diputación de Barcelona se compromete a abonar 34 millones de euros en concepto de atrasos por las aportaciones obligatorias al Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña elaborado anualmente por la Generalitat. El último Gobierno de CiU exigía 530 millones por este concepto. El pago se llevará a efecto en siete plazos anuales a partir de 2004. Además la Diputación se compromete a participar económicamente cada año en este plan y para 2004 se fija ya una aportación de 6,5 millones de euros.

Al mismo tiempo, ambas administraciones crearán una comisión mixta con el objetivo de elaborar, antes del 31 de diciembre de 2005, un proyecto para "resituar", en el plazo máximo de 10 años, los servicios que la Diputación presta pero que son de titularidad de la Generalitat. Corbacho explicó que se trata, por ejemplo, del mantenimiento de 2.000 kilómetros de carreteras, la participación económica en el hospital Clínico y en el Liceo, los parques naturales y el Institut del Teatre.