Y pagamos la cama

Una fuente solvente de la Generalitat nos asegura que, por ahora, no se prevén cambios en las relaciones establecidas con Televisión Española. En la plantilla laboral de la delegación de TVE en la Comunidad Valenciana, sin embargo, no todos lo dan por cierto y en el seno de la misma se tiene la premonición de que el Consell no renovará el convenio -que vence estos días- en virtud del cual las finanzas públicas de la Comunidad subvencionan a dicho ente estatal con unos 4,5 millones de euros anuales. Se teme, incluso, que el recorte incluya el desahucio de los locales que ocupan en el Parque Tecnológico, propiedad del Gobierno autonómico.

Los motivos de esta novación en las relaciones serían, de un lado, el divorcio político con los titulares de La Moncloa y, de otro, el enojo provocado por el nombramiento reciente del cuadro directivo de la referida delegación efectuado a espaldas del presidente Francisco Camps, que al parecer se enteró por los periódicos. Los socialistas no tuvieron siquiera la deferencia de comunicar la propuesta y, mucho menos, consensuar algún directivo proclive al ideario del PP. Los órganos decisorios del PSOE en Madrid, con el asesoramiento de veteranos del PSPV, todo hay que decirlo, han considerado que esta conquista mediática es una cabeza de puente y que les pertenece por entero. ¿O es que acaso los medios informativos de titularidad pública no son del Gobierno respectivo? TVE es de La Moncloa como Canal 9 pertenece al Consell, con permiso del portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, que es quien corta el bacalao en RTVV.

Pero no es el berrinche ocasional de unos ni la prepotencia de otros lo que ha de interesarnos. Lo realmente llamativo es la insólita contribución económica que el PP indígena viene efectuando a TVE desde 1996, un obsequio de 600 millones de pesetas, o más, por la promoción teórica del sector audiovisual autóctono y el uso virtual del valenciano. Magnanimidad que, obviamente, pagamos los administrados con derecho a pensar que no sólo nos comen el coco, sino que también hemos pagado la cama. Un mal negocio que, suponemos, toca a su fin por las razones antes anotadas y por otra de no menor peso: la Generalitat está al filo de la suspensión de pagos y acechada por un enjambre de acreedores. Este mecenazgo con la televisión estatal es poco menos que una prodigalidad perseguible de oficio.

En este sentido, los trabajadores de TVE en la CV sí aciertan en su premonición. El Gobierno valenciano, a pesar de sus portavoces, no ha de ocuparse ni cofinanciar lo que no le concierne. En cambio, sí debe aplicarse a recuperar Canal 9. Recuperarlo tanto financiera como democráticamente, dándole vidilla al sector audiovisual y, por supuesto, poniendo el énfasis en la normalización lingüística del país. Ésta, y no la otra, la de TVE, es su plataforma mediática, en la que manda y puede ahormar su política informativa mientras subsista -y va para largo- el secuestro de los medios de titularidad pública en beneficio de los partidos o partido hegemónico. Por el contrario, aquello que se emita por el canal estatal depende de voluntades lejanas y, ahora como antes, ajenas. En consecuencia, si no se ha renovado ese convenio delirante que señalábamos, aplácese sine die. La Generalitat Valenciana no puede permitirse estos derroches cuando tiene tantos apremios que atender.