El PP recurre al Supremo y pide la suspensión del decreto de Educación

Siete comunidades gobernadas por el PP presentaron ayer ante el Tribunal Supremo el anunciado recurso contra el decreto del Gobierno que aplaza la aplicación de varias medidas de la Ley de Calidad previstas para el próximo curso. Algunas, como Galicia y Baleares, pidieron además la suspensión cautelar del decreto, que debe aceptarse o denegarse en 15 días y que abre otra vía de incertidumbre en el sistema educativo. Si el Supremo suspendiera ese decreto las comunidades tendrían que modificar los planes del curso próximo para ajustarse al calendario del PP de la Ley de Calidad.

La Comunidad de Madrid ha sido la que más batalla ha planteado al Gobierno central desde que éste anunciara su intención de aplazar por dos años el calendario previsto para aplicar la Ley de Calidad. El consejero madrileño de Educación, Luis Peral, explicó ayer, en nombre de sus homólogos, los porqués de este recurso ante el Supremo: cree que hay un "desviación de poder" y que se atenta contra el artículo 9.3 de la Constitución, que garantiza, entre otras cosas, la jerarquía normativa y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

El PP siempre ha entendido que el decreto del Ministerio de Educación anulaba la Ley Orgánica de Calidad (LOCE), de rango superior, lo que vulneraría la jerarquía normativa. El ministerio se ha defendido argumentando que su decreto simplemente actúa contra otro decreto, el que establecía el calendario de aplicación de la LOCE, una ley que sigue en vigor. Pero para los consejeros de Educación del PP, este decreto, aprobado el 28 de mayo "es un ejercicio de desviación de poder inconcebible en un Estado de Derecho".

"Este decreto vulnera además las competencias de las comunidades autónomas porque el Gobierno no puede echar abajo normas de la comunidad que desarrollan la normativa actual", explicaron fuentes del Gobierno madrileño, que también recurrirán ante el Constitucional por este motivo.

Mientras el Supremo decide sobre el fondo del recurso, algo que puede llevar años, algunas comunidades, como las de Galicia y Baleares, han pedido la suspensión del decreto. Si el Supremo concediera esta medida cautelar, el calendario del PP volvería a ser el de obligada aplicación y las 17 comunidades autónomas deberían, en principio, aplicarlo. Las autonomías deberían entonces planificar el próximo curso de acuerdo al antiguo calendario de la LOCE, que incluye la implantación de itinerarios en la ESO en septiembre, la creación de una nueva área de religión el próximo curso y la implantación de la reválida en 2006, al acabar el Bachillerato. Los responsables de los centros educativos ya han advertido de que no hay tiempo para planificar de nuevo el próximo curso.

Otras dos semanas

Pero no sabrán si tienen que hacerlo hasta dentro de dos semanas, que es el plazo que establece la ley para que se tome una medida como la que solicita el PP. "Los padres deben estar totalmente tranquilos, que lo primero que ha primado para nosotros es la tranquilidad y el buen orden del sistema educativo de la región", dijo ayer el consejero de Educación de Madrid, Luis Peral. Para la comunidad educativa madrileña todo se complica más, porque la presidenta, Esperanza Aguirre, trató de forzar que se implantaran los polémicos itinerarios educativos antes de la presentación del recurso de ayer. El Ministerio de Educación recurrió esa decisión y el Gobierno madrileño lo dejó todo en manos del Consejo de Estado, que es quien tiene que decidir ahora.

Si el Consejo de Estado da la razón al Ministerio de Educación, Esperanza Aguirre promete acatar. Pero ¿y si el Consejo de Estado da la razón al Gobierno madrileño y al resto de las comunidades gobernadas por el PP? El consejero Peral lanzó ayer un mensaje de tranquilidad si eso ocurre: "Nadie va a resultar perjudicado" porque "dará tiempo para que se aplique la legislación vigente, que son los decretos que aprobó la comunidad de Madrid" en mayo, explicó Peral. No todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular han avanzado tanto en el desarrollo de la Ley de Calidad como la de Madrid.

Dos terceras partes de los directores de institutos madrileños, reunidos ayer en asamblea, insistieron en que es "imposible" cambiar ya los planes para el curso que viene. Así lo vienen diciendo desde enero y así se lo recordaron ya en marzo a la viceconsejera de Educación.