El colapso burocrático deja sin papeles a 200.000 inmigrantes legalizados
El 53% de los expedientes empantanados corresponde a renovaciones de residencia y trabajo
Más de la mitad de los 374.749 expedientes de extranjeros sin resolver que el último Gobierno del Partido Popular legó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero corresponden a renovaciones de permisos de trabajo y de residencia, según fuentes del Ministerio del Interior. En muchos casos, el retraso de la Administración dura hasta nueve meses. Aunque la Ley de Extranjería establece que si el Estado no ha respondido en el plazo de tres meses los permisos quedan renovados automáticamente (lo que en términos jurídicos se denomina silencio administrativo positivo), la realidad es que sus titulares entran en una irregularidad técnica o sobrevenida, pues carecen de un documento que demuestre su situación legal.
Barcelona es la provincia más afectada por el colapso. Su delegación del Gobierno acumulaba el pasado 28 de abril 45.860 expedientes sin resolver, el mayor atasco de España. Pues bien, el 53% de esos expedientes correspondían a renovaciones de permisos de trabajo y de residencia.
Un informe interno de la subdelegación del Gobierno en la capital catalana denuncia que el atasco siguió creciendo en los cuatro primeros meses de este año. Durante ese período se concertaron 51.426 citas previas para inmigrantes: 31.047 para renovaciones, 12.623 para trabajo inicial, 5.675 para regularización por arraigo y por reagrupación familiar y 2.081 para regularización por circunstancias excepcionales. Pero el documento constata también que en el mismo cuatrimestre quedaron pendientes otras 96.400 citas, 53.000 de las cuales correspondían a renovaciones de permisos de residencia y de trabajo.
El informe concluye: "La lentitud en la concertación de citas, especialmente de renovación, y la no discriminación entre solicitudes iniciales de trabajo entre residentes y no residentes, está penalizando especialmente a los ya residentes".
El ejemplo de Barcelona es extrapolable al resto de España. Unos 200.000 inmigrantes regulares que han presentado solicitudes para renovar sus permisos de trabajo y de residencia esperan una respuesta de la Administración. Según la Ley de Extranjería, un silencio administrativo de tres meses equivale a una respuesta afirmativa. Pero, en la práctica, esa disposición tiene poca utilidad.
Pérdida de derechos
Mientras que los empresarios tienen constancia de la validez de los permisos de trabajo iniciales, pues son los encargados de tramitarlos, no ocurre lo mismo con las renovaciones, que corren por cuenta de los inmigrantes. De ahí que muchos de los primeros rechacen los permisos caducados y las solicitudes de renovación fechadas tres meses atrás que les presentan los segundos para renovar sus contratos de trabajo. Temen que la Administración haya negado la solicitud del extranjero y que éste le oculte el documento de resolución.
La misma desconfianza muestran muchas entidades bancarias cuando los inmigrantes acuden a pedir un crédito. No les sirve el silencio administrativo: exigen un certificado en el que conste la renovación de los permisos de residencia y de trabajo.
Incluso el propio Estado desconfía del silencio administrativo. En ocasiones la Seguridad Social exige a los inmigrantes un certificado oficial en el que conste la aplicación del silencio administrativo positivo para darles de alta. Como los organismos encargados de expedirlo son los mismos que, debido al colapso que sufren, no han podido responder a la solicitud de renovación, muchos extranjeros pierden las prestaciones médicas a las que tienen derecho.
La situación es también imposible para quienes quieren viajar temporalmente a su país. Para volver a entrar en España, la policía les exige una autorización de regreso expedida por la colapsada oficina de extranjería. Hartos de esperarla, muchos se marchan sin ella. Y cuando intentan volver se encuentran con serios problemas.
Éste último asunto tiene especial incidencia en estas fechas, cuando se avecinan las vacaciones. De ahí que el subdelegado del Gobierno en Cataluña, Eduard Planells, anunciara ayer que todos los inmigrantes que hayan presentado su solicitud de renovación de residencia y trabajo pueden solicitar también la autorización de regreso. Lo que no explicó es cómo va a tramitarlas.
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