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LOS PROBLEMAS DE LOS INMIGRANTES

Una quincena de extranjeros del encierro de Barcelona serán expulsados

Los colectivos planean hacer una acampada en la plaza de Cataluña

Habrá expulsiones. Una quincena de los inmigrantes que fueron identificados durante el encierro que protagonizaron en la catedral de Barcelona la madrugada de domingo serán expulsados por hallarse en España en situación irregular. Así lo confirmó ayer el subdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, quien defendió la actuación de la policía durante el desalojo y negó que quede ningún inmigrante detenido por el encierro.

Según Planells, durante las ocho horas que duró el encierro en el interior de la catedral, la policía identificó a "varios inmigrantes, aunque estos no fueron detenidos". Las identificaciones, no obstante, sí permitieron certificar que una quincena de ellos no tenían en regla su documentación y, en cumplimiento de la Ley de Extranjería, se les ha dictado una orden de expulsión.

Las reacciones por este hecho no tardaron en llegar. El portavoz de la Asamblea por la Regularización Sin Condiciones, Enrique Mosquera, calificó de "barbaridad" la tramitación de estos expedientes de expulsión y mantuvo que son 29 y no una quincena los extranjeros que pueden enfrentarse a esta situación. Según Mosquera, la policía les "aseguró que los inmigrantes no serían identificados ni tendrían problemas con la Ley de Extranjería".

El portavoz del colectivo de inmigrantes aseguró que estos no han dado "ningún ultimátum" al Gobierno y que el miércoles no es la fecha límite para que la Administración anuncie una salida para los extranjeros sin papeles que se encerraron en la catedral y la iglesia del Pi de Barcelona. Sin embargo, mantienen la convocatoria de una asamblea para mañana en la que se planteará realizar una acampada reivindicativa en medio de la plaza de Cataluña de Barcelona.

Orines en la catedral

Ante tal posibilidad, el subdelegado del Gobierno afirmó que se respetará el derecho de manifestación, pero que "la policía actuará si se ocupa un espacio sin la autorización de su titular". En el verano de 2001, un grupo de unos 200 inmigrantes ya fueron expulsados de este emplazamiento tras pasar varias semanas en él reivindicando su regularización.

La actuación de la Delegación del Gobierno en Cataluña, que ordenó el desalojo de los extranjeros de la catedral tras recibir la petición del arzobispo, Ricard Maria Carles, siguió en el centro de la polémica. De hecho, el propio Arzobispado denunció por la tarde que los inmigrantes encerrados "rompieron y destrozaron algunos bancos y orinaron en el altar de la catedral".

El desalojo de los inmigrantes por parte de la policía contó con el apoyo de los sindicatos mayoritarios y de casi todos los partidos políticos. Ayer se desmarcaron de la actuación policial Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, que la consideraron "desproporcionada". Las críticas también llegaron por parte de Amnistía Internacional, cuya secretaria general, Irene Khan, hizo un llamamiento al Gobierno central y a la Generalitat para que "respeten la dignidad de los sin papeles". El sindicato CGT también apoya el encierro que realizaron los inmigrantes, así como la convocatoria de nuevas protestas.

Una parte de los extranjeros que protagonizó el encierro en la catedral podrían ver solucionados sus problemas a medio plazo si la Delegación del Gobierno en Cataluña logra implantar un plan anunciado ayer y que prevé que los inmigrantes puedan renovar su permiso de residencia en las antiguas oficinas del Inem, las actuales oficinas de trabajo de la Generalitat. Esta medida, fruto de un acuerdo con el Gobierno catalán, comenzará a implantarse el próximo 1 de julio y busca acabar con las colas de las actuales oficinas de Extranjería.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 8 de junio de 2004