Partidos, ONG y sindicatos proponen medidas para reparar el atasco

La publicación por EL PAÍS del atasco de 374.749 expedientes de inmigrantes sin resolver en las oficinas de extranjería ha provocado numerosas reacciones entre organizaciones políticas, sindicales y ONG.

Izquierda Unida ha pedido en un comunicado la modificación de la Ley de Extranjería y la apertura de un proceso de regularización "que ayude a reparar, en la medida de los posible, la situación heredada de los sucesivos Gobiernos de la derecha que representa el PP".

El dirigente de CC OO José Antonio Moreno ha calificado la situación de "inaceptable y aberrante", ha recordado que el mantenimiento de los permisos de residencia "condiciona toda la vida de los extranjeros" y ha pedido al Gobierno "la habilitación urgente de partidas presupuestarias para solucionar el problema".

El defensor del pueblo Andaluz, José Chamizo, destacó la situación existente en Huelva, donde hay 3.929 expedientes por resolver, y abogó por dotar de más medios técnicos y personales a las oficinas de inmigración para conseguir agilizar los procesos de regularización de los extranjeros.

"Incompetencia del PP"

La consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, achacó a la "incompetencia del PP" el número de expedientes por resolver: "Ahora nos enfrentamos a los inmigrantes que entran a diario, además de aquellos que por una dejación del PP y por un mal funcionamiento de la Administración central han perdido su condición de regularizados".

El director de Inmigración del Gobierno vasco, Bertín Omer Oke, reclamó al Gobierno del PSOE que descentralice la tramitación de los expedientes de inmigrantes "para que esta gestión sea más ágil y las Administraciones autonómicas establezcan los itinerarios de inserción e integración en la sociedad".

Oke dijo desconocer la cifra exacta de expedientes que quedan por tramitar en Euskadi porque, según denunció, hasta la fecha la Delegación del Gobierno no facilitaba con frecuencia los datos, y reclamó al PSOE "que el Gobierno central se coordine con el Ejecutivo vasco para resolver el problema".

El responsable de inmigración de la Asociación pro Derechos Humanos de España, José Antonio Gimbernat, pidió al Gobierno que las renovaciones de permisos de trabajo y residencia se hagan cada cinco años. A su juicio, si los inmigrantes no tuvieran que renovar esos permisos cada año se evitaría el colapso de la Administración.