El Gobierno ordena expulsar de España a 15 inmigrantes que ocuparon la catedral

Habrá expulsiones. Una quincena de los inmigrantes que fueron identificados durante el encierro que realizaron en la catedral de Barcelona durante la madrugada del domingo serán expulsados por hallarse en España en situación irregular. Así lo confirmó ayer el subdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, quien defendió la actuación de la policía durante el desalojo y negó que quede ningún inmigrante detenido por el encierro.

Según Planells, durante las ocho horas que duró el encierro en el interior de la catedral, la policía identificó a "varios inmigrantes, aunque éstos no fueron detenidos". Las identificaciones, no obstante, permitieron certificar que una quincena de ellos no tenían en regla su documentación y, en cumplimiento de la Ley de Extranjería, se han dictado sendas órdenes de expulsión.

Las reacciones por este hecho no tardaron en llegar. El portavoz de la Asamblea por la Regularización sin Condiciones, Enrique Mosquera, calificó de "barbaridad" la tramitación de estos expedientes de expulsión y mantuvo que son 29 y no 15 los inmigrantes que pueden enfrentarse a esta situación. Mosquera explicó: "La policía nos aseguró que los inmigrantes no serían identificados ni tendrían problemas con la Ley de Extranjería".

Ayer el portavoz del colectivo de inmigrantes aseguró que éstos no han dado "ningún ultimátum" al Gobierno y que el miércoles no es la fecha límite para que la Administración anuncie una salida para los inmigrantes sin papeles que se encerraron en la catedral y la iglesia del Pi de Barcelona. Sin embargo, mantienen para mañana la convocatoria de una asamblea en la que se planteará realizar una acampada reivindicativa en medio de la plaza de Catalunya de Barcelona. Ante tal posibilidad, el subdelegado del Gobierno afirmó que se respetará el derecho a la manifestación, pero que "la policía actuará si se ocupa un espacio sin la autorización de su titular".

Orines en la catedral

La actuación de la Delegación del Gobierno en Cataluña, que ordenó el desalojo de los inmigrantes de la catedral tras recibir la petición del arzobispo, Ricard Maria Carles, siguió ayer en el centro de la polémica. De hecho, el propio arzobispado denunció ayer por la tarde que los inmigrantes encerrados "rompieron y destrozaron algunos bancos y orinaron junto al altar mayor de la catedral".

Una parte de los inmigrantes que se encerraron en la catedral pueden ver solucionados sus problemas a medio plazo si la Generalitat logra que el Gobierno central escuche sus peticiones. En este sentido, la consejera de Bienestar y Familia, Anna Simó, se entrevistó ayer con el ministro de Trabajo y le pidió que se modifique la Ley de Extranjería con el fin de que obtengan permiso de residencia los inmigrantes que puedan demostrar que están trabajando. Según Simó, esto permitiría regularizar a unos 200.000 extranjeros que se hallan viviendo en Cataluña en situación irregular.Otra medida que podría ayudar a los inmigrantes a corto plazo es la que ayer concretaron la Delegación del Gobierno y la Generalitat, que permitirá a los extranjeros tramitar la renovación de su permiso de residencia en las 73 oficinas de trabajo de la Generalitat. Esta medida entrará en vigor el 1 de julio y con ella se pretende acabar con las colas en las actuales oficinas de Extranjería.

El sistema de cita previa por teléfono que estrenó ayer la Subdelegación del Gobierno en Lleida para reducir las largas colas de inmigrantes que se registran desde hace semanas en la oficina de Extranjería de esta ciudad se colapsó debido al gran número de personas que utilizaron el servicio para interesarse por la renovación de sus permisos de trabajo y de residencia, informa Lluís Visa.

El sistema de cita previa tenía que entrar en servicio el día 1, pero se demoró por problemas técnicos. El objetivo de esta medida es agilizar la tramitación de los expedientes y evitar que los inmigrantes tengan que soportar largas esperas en la calle antes de ser atendidos.

Partidos y organizaciones no gubernamentales (ONG) criticaron ayer la actuación del Gobierno central por el desalojo de los 1.500 inmigrantes encerrados. Mariano Rajoy, secretario general del PP, recordó que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos, apoyaron un encierro similar al que tuvo lugar en la catedral de Barcelona cuando él era ministro de Interior. "En aquel momento, Maragall y Clos fueron a solidarizarse con los encerrados, criticaron al Gobierno y exigieron papeles para todos", dijo Rajoy, y añadió que Maragall y Clos han terminado haciendo "exactamente lo contrario de aquello que hacían y decían hace unos años". También el líder del PP catalán, Josep Piqué, señaló la diferencia entre la postura del PSOE en la oposición y la que manifiesta ahora.

Izquierda Unida y CiU

No menos duras fueron las críticas de Izquierda Unida. Su secretaria de inmigración, Susana López, tachó de "escandalosa" la actuación del PSOE, al que acusó de mandar a la policía y llevar a cabo el desalojo "con nocturnidad y violencia". Francisco Frutos, secretario general del Partido Comunista y miembro del consejo político de Izquierda Unida, señaló que el desalojo de inmigrantes "no tiene nada que ver con los comportamientos de la izquierda" y destacó que, si lo hubiera hecho el PP, "se habría montado la de Dios es Cristo".

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, aunque aplaudió el desalojo de los inmigrantes frente a la "innecesaria e improcedente" ocupación del templo, criticó a Maragall por haber afirmado que el encierro en la catedral y en la iglesia del Pi se resolvió de forma satisfactoria "gracias a la madurez del colectivo que se encerró". Duran dijo no entender el razonamiento de Maragall, ya que los inmigrantes no se comportaron "con respeto" en los templos.

SOS Racismo aseguró que las protestas de los inmigrantes han sido propiciadas por la falta de transparencia del Gobierno en política de inmigración y recordó que aún no se han modificado algunas medidas "controvertidas", como el acceso de la policía a los padrones municipales.

Justícia i Pau, organización cristiana, criticó que el arzobispado de Barcelona permitiera que la policía entrara en la catedral. Representantes del arzobispado consideraron "injusto" que se pusiera en duda la solidaridad de la Iglesia con los inmigrantes sin papeles, pero destacaron que "lo primero que debe respetarse es el carácter religioso" de los templos, algo que "no se hizo porque el pasado sábado se interrumpió la celebración de una misa".

Una de las pocas voces favorables a la actuación del Gobierno fue la del responsable de inmigración de UGT-Cataluña, Abdelkader Aslimani, que rechazó al encierro. Aslimani manifestó estar "en contra del papeles para todos, porque hay voluntad del Gobierno de agilizar trámites y de buscar vías de regularización" para los inmigrantes irregulares que tengan un trabajo.

José Montilla, primer secretario del PSC y ministro de Industria, reclamó "prudencia" ante las demandas de papeles por parte de los colectivos de inmigrantes, ya que cualquier respuesta a estas peticiones generaría el "efecto llamada".