Anticorrupción expone al fiscal del Estado su intención de investigar el 'caso Fabra'

El fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, ha propuesto al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que la investigación sobre el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), pase a ser de su competencia. Fabra está acusado en dos procedimientos abiertos de oficio por presuntos delitos contra la Administración Pública y contra la salud pública. El fiscal general había solicitado a Anticorrupción una lista de posibles actuaciones que pudieran ser de su competencia, y Salinas ha enumerado media docena de causas, entre ellas el caso Fabra.

Este caso se abrió después de que un empresario, Vicente Vilar, denunciara y acusara al dirigente popular de cobrar cantidades millonarias por supuestos favores políticos. Las dos querellas que presentó el industrial no fueron admitidas, pero los Jugados números 1 y 3 de Nules abrieron sendos procedimientos de oficio, en un caso por sospecha de la comisión de delitos contra la Administración pública, y en otro, para investigar un supuesto delito contra la salud pública por la comercialización de fitosanitarios no autorizados por el Ministerio de Agricultura. Las investigaciones se extienden a la esposa de Fabra, María Amparo Fernández Blanes; al empresario que presentó la denuncia y a la ex esposa de éste, Montserrat Vives.

El pasado mes de marzo, el PSOE pidió al entonces fiscal general, Jesús Cardenal, que Anticorrupción investigara "una presunta red de tráfico de influencias" en Castellón. Cardenal rechazó entonces la posibilidad, pero en mayo el nuevo fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, anunció su intención de "impulsar el papel de Anticorrupción".

Conde-Pumpido solicitó del fiscal jefe, Antonio Salinas, un informe con todos los casos que, según su consideración, debían ser de su competencia. En ese informe, Salinas ha incluido el llamado caso Fabra. En el caso de que el fiscal general del Estado dé su visto bueno a la petición, Anticorrupción requerirá de Javier Arias, el fiscal jefe de Castellón, que asumió el caso, toda la documentación del proceso.

Por otra parte, Conde-Pumpido se reunió ayer con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, a quien solicitó una propuesta sobre cada uno de los sumarios relacionados con la jurisdicción universal de los tribunales españoles en materia de crímenes contra la humanidad. Según fuentes de la fiscalía, la propuesta de Fungairiño se estudiará "caso por caso" a la luz de la doctrina del Tribunal Supremo.

En la Sección Tercera de la Audiencia se tramita el sumario 19 / 97 contra los argentinos Adolfo Scilingo, inculpado en los "vuelos de la muerte", desde los que se arrojaba al mar a detenidos de la dictadura, y Miguel Cavallo, presunto torturador de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. La fiscalía de la Audiencia Nacional no ha formulado acusación contra ellos, al entender que no deben ser juzgados en España.