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La Generalitat solicita que se impute a dos diputados de Unió por el 'caso Pallerols'

Trabajo comparece como acusador particular "en defensa de los intereses" del Gobierno

El Departamento de Trabajo de la Generalitat ha solicitado a la juez del caso Pallerols que cite a declarar como imputadas a cinco personas, entre ellas los diputados de CiU en el Congreso por Barcelona y Lleida Josep Sánchez Llibre y Pere Grau, respectivamente. Trabajo formula esta petición en un escrito en el que anuncia que a partir de ahora ejercerá la acusación particular y en el que recuerda que en un informe de la Guardia Civil esas cinco personas aparecen como beneficiarias de las subvenciones para formación de parados otorgadas por el Gobierno catalán a las empresas de Pallerols.

Un portavoz de Unió declinó anoche realizar cualquier comentario sobre la decisión del Gobierno catalán. El consejero de Trabajo catalán, Josep Maria Rañé, firmó una resolución el 18 de mayo acordando comparecer como acusación particular "en defensa de los intereses de la Generalitat" en las diligencias que el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona investiga desde 1999. Hasta ahora la Generalitat estaba en el proceso de manera pasiva y como supuesto perjudicado civil. La juez dará hoy copia de los escritos a las defensas y a la fiscalía para que se pronuncien, y si finalmente se acepta la imputación de los dos diputados de Unió, el caso pasaría al Tribunal Supremo para su aforamiento.

En el caso de Sánchez Llibre y de Grau, la Generalitat considera que se les debe imputar por su presunta participación en "los pactos celebrados entre Fidel Pallerols y el partido político UDC". Sánchez Llibre fue secretario de organización de UDC entre los años 1998 y 1999. La Guardia Civil afirma que precisamente entre los meses de marzo de 1998 y abril de 1999 Sánchez Llibre y Grau se encargaron de gestionar los cobros de dinero público procedentes de Fidel Pallerols que se desviaron supuestamente para financiar a Unió.

El 10% de las subvenciones

La tesis de la fiscalía es que se desvió el 10% de las subvenciones recibidas, que entre los años 1991 y 1999 fueron de 1.396 millones de pesetas, de acuerdo con la estimación de la Guardia Civil. La juez ha reclamado de Trabajo que le informe de la cuantía exacta de esas subvenciones.

A título particular, además, Sánchez Llibre supuestamente percibió 18.030 euros y Grau, otros 697 euros, según los investigadores. Las otras tres personas cuya imputación se pide son: Enric Millo, ex diputado de CiU en el Parlament y número dos del PP en las pasadas elecciones legislativas; Josep Gascón, ex concejal de UDC en el Ayuntamiento de Barcelona y ex trabajador de varias empresas de Pallerols, así como Josep Maria Puig Vidal, jefe de servicio de programación y orientación ocupacional del Departamento de Trabajo cuando se concedieron las subvenciones públicas.

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El razonamiento de Trabajo para pedir la imputación de Puig Vidal es que presuntamente favoreció la concesión de subvenciones a Pallerols. A título personal, Millo pudo cobrar 41.723 euros de Pallerols; Gascón, otros 11.900, y Puig Vidal, 1.953 euros.

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