Los profesores de religión católica piden a Zapatero que no les falle

Cientos de sentencias favorables y el empeño de varios magistrados de lo social por arrancar del Tribunal Constitucional un fallo definitivo sobre el conflicto no dan tranquilidad a miles de profesores de religión contratados y pagados por el Estado, pero escogidos para cada curso escolar por los obispos. Son unos 13.000 en la escuela pública -otros tantos en la concertada-, y cuentan con una promesa del nuevo Gobierno: que obtendrán la protección del Estatuto de los Trabajadores. Dirigentes de uno de los sindicatos del sector, la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER), emularon ayer con gesto severo a los jóvenes que la noche electoral del pasado 14 de marzo saltaron entusiasmados ante la sede del PSOE. "Zapatero no nos falles", reiteraron como aquéllos.

"Nuestro colectivo no pudo celebrar los 25 años de la Constitución porque no se aplica en ellos. Ahora esperamos que el Gobierno normalice nuestra situación y podamos tener unas vacaciones tranquilas porque no está en juego nuestro puesto de trabajo ni pende sobre nosotros la espada de la arbitrariedad de los obispos", reclamaron Rafael Ramírez y Luis Guridi, presidente y vicepresidente de la FEPER, respectivamente.

Ayudados por un voluminoso dossier de "sentencias sin cumplir" y "legislaciones sin aplicar", los dos dirigentes sindicales hablaron de "acoso laboral", de "atropellos", incluso de "terror", además de "indefensión", de "inmoralidad" y de "precariedad laboral", poniendo sobre la mesa nombres de obispos y Gobiernos autonómicos que más reproches judiciales han recibido por mandar al paro a docentes "acusados" de casarse por lo civil, militar en partidos de izquierda o, sencillamente, "irse de copas con amigos". También ilustraron casos de profesores que ganaron en tres años consecutivos sus pleitos judiciales por despidos nulos, pero siguen marginados y sin cobrar las indemnizaciones .

Guridi explicó que los docentes de religión no buscan privilegios, sino justicia e igualdad de oportunidades y de trato, y anunció que la FEPER está negociando con los grupos parlamentarios una solución constitucional y definitiva a "tantos atroces atropellos".