España ayudó a Francia a expulsar a un imán radical al revocarle la residencia

España colaboró con Francia para expulsar a Jousef Mahlili, imán de la mezquita de Mourenx (localidad de los Pirineos Atlánticos), ya que atendió la solicitud de las autoridades del país vecino de no renovarle el permiso de residencia, expedido en Bilbao -donde predicó hasta octubre de 2003- y que caducaba en abril pasado. El Ministerio del Interior, además, admitió ayer que ha expulsado al también marroquí Mohamed Berzizoui "por motivos de seguridad nacional", una posibilidad ya contemplada en la Ley de Extranjería, por lo que, según asegura en una nota, no piensa modificar este texto legal.

El imán Jousef Mahlili, de 36 años, había ejercido hasta octubre de 2003 en una mezquita de Bilbao, situada en las inmediaciones de la calle de San Francisco. Las fuentes consultadas indicaron que el religioso fue endureciendo su prédica a raíz de la entrada de España en la guerra de Irak. Hacia el mes de octubre de 2003, Mahlili se marchó a Mourenx, con un permiso de residencia en vigor expedido por España.

Tras los atentados del 11 de marzo en Madrid, las autoridades francesas comenzaron una campaña para controlar y expulsar a los imanes especialmente radicales. De esta forma llegaron hasta Mahlili, que comprobaron que vivía en Mourenx y que tenía a punto de caducar su permiso de residencia español, según indicaron fuentes policiales.

Francia pidió a España que comprobara la situación administrativa de Mahlili, cuyo permiso había vencido el 28 de marzo, y que no le tramitase ninguna renovación del permiso. Además, iban a cumplirse seis meses sin regresar al territorio en el que le fue expedida la licencia. De esta forma, la residencia del imán fue anulada administrativamente por lo que, el 6 de mayo, Francia expulsó a Mahlili por vía marítima hacia Marruecos alegando "una situación administrativa irregular en Francia".

También un argelino

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron ayer el procedimiento para esta expulsión desde Francia. Además, corroboró oficialmente a través de una nota la expulsión por motivos de "seguridad nacional" de otra persona: el argelino nacionalizado marroquí Mohamed Berzizoui, de 38 años, quien fue detenido por orden del juez Baltasar Garzón el 29 de abril en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), adonde había llegado procedente de Turquía.

La nota de Interior explica que la expulsión se produjo "tras consultar previamente con la Audiencia Nacional, que no encontró ningún inconveniente en la tramitación del expediente correspondiente". El ministerio de José Antonio Alonso añade que una vez que fue dictada la resolución de expulsión, "fue puesta en conocimiento de la propia Audiencia Nacional, tal como había solicitado uno de sus magistrados", es decir, Garzón.

Interior subraya que la expulsión de Berzizoui se produjo "con todas las garantías y el control judicial propio de un Estado de derecho". La expulsión fue decidida una vez que no pudo sustanciarse con elementos probatorios una causa judicial contra el ciudadano argelino, quien en los días posteriores a la matanza del 11-M fue relacionado por Interpol con los principales sospechosos de la masacre y con los atentados de Casablanca (Marruecos), perpetrados el 16 de mayo de 2003 y en los que fallecieron 44 personas, incluido el comando de suicidas.

La policía informó al juez de los indicios, basados en informaciones confidenciales de varios servicios de seguridad, sobre las actividades de proselitismo de Berzizoui y sobre los contactos con grupos radicales. Por ello propuso que, en caso de que no fuera procesado, se aplicara con rigor la Ley de Extranjería y fuera expulsado por amenazar la seguridad nacional, una posibilidad legal hasta entonces no utilizada, según las fuentes consultadas.

La expulsión fue tramitada por el procedimiento preferente, con asistencia de una abogada de oficio, en aplicación del artículo 54.1 de la Ley de Extranjería (participar en actividades contrarias a la seguridad del Estado). Berzizoui, con permiso de residencia y domiciliado en Tarragona, había salido de España en febrero y tenía previsto regresar el 11 de marzo a Barcelona, pero en el último momento aplazó el viaje hasta el 29 de abril. La policía definió a este ciudadano como "altamente peligroso" y consideró que su presencia en el país suponía "una gran amenaza para la seguridad nacional y las relaciones de España con otros países".

Interior explica que se ha "limitado a aplicar la legislación vigente, que garantiza los derechos de los ciudadanos ante cualquier arbitrariedad" y que, por tanto, la expulsión de Berzizoui y la no renovación del permiso de residencia de Mahlili no supone abrir "una nueva vía para combatir al terrorismo internacional mediante la Ley de Extranjería". La nota subraya que el Gobierno "no se plantea ningún cambio en las políticas que se aplican en materia de extranjería ni prevé ninguna modificación" de la citada ley.